ABC accedió a la estructura de pagos que el Instituto de Previsión Social (IPS) destina a un grupo de 29 profesionales del derecho contratados bajo la modalidad de prestación de servicios. En total, la previsional desembolsa G. 2.698 millones al año en concepto de honorarios, que se pagan de manera bimestral.
El listado revela una escala salarial que impacta frente a la situación que atraviesan los aportantes. La mayoría de los abogados percibe G. 90 millones al año, pero algunos superan esa cifra y alcanzan G. 100, G. 120 e, incluso, G. 128 millones anuales.
El piso salarial —G. 90 millones— equivale a 31,04 salarios mínimos vigentes en un solo año. El monto más alto, G. 128 millones, representa 44,15 salarios mínimos en el mismo lapso.
A diferencia de los funcionarios permanentes y de la mayoría de los aportantes, estos abogados externos no están obligados a cumplir horario exclusivo, según consta en sus contratos. Tampoco pueden percibir otros beneficios provenientes del IPS.
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Nombres y crecimiento de la nómina
Entre los profesionales con mayores ingresos figuran Alma María Méndez de Boungermini, con G. 128.000.000 anuales; Esdras Joel Rolón Barrios, con G. 120.000.000; María Mercedes Otazo Aponte, con G. 100.000.000; y Weldon Walter Black Saldívar, también con G. 100.000.000.
El resto del grupo, compuesto por 25 abogados, percibe G. 90.000.000 anuales cada uno.
La cantidad de abogados externos contratados por el IPS pasó de un promedio de 10 a 30 profesionales tras la asunción del actual director jurídico, José “Jose’i” González Maldonado, quien está envuelto en un escándalo relacionado a su llamativo crecimiento patrimonial.
Patrimonio bajo escrutinio
El director jurídico del IPS enfrenta cuestionamientos tras registrarse un crecimiento patrimonial del 215% en apenas 15 meses.
Según sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR), su patrimonio neto pasó de G. 276 millones en septiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025.
En conversaciones con ABC, el funcionario atribuyó ese incremento al cobro de honorarios profesionales derivados de un acuerdo aprobado por el Consejo del IPS con el Consorcio Sudamericano Hotelero SA, vinculado a Jorge López Moreira.
De acuerdo con la resolución, una deuda de G. 10.781 millones fue reducida a G. 7.500 millones, más el pago del 5% en concepto de honorarios para los abogados litigantes, lo que equivale a G. 412.500.000, IVA incluido.
Contradicciones del director jurídico
Inicialmente, González sostuvo que ese monto justificaba su crecimiento patrimonial. Posteriormente afirmó que el dinero fue distribuido entre otros tres abogados del IPS, con pagos de G. 25 millones y G. 50 millones.
Sin embargo, en su declaración jurada no figuran transferencias a terceros y el ingreso aparece consignado como exclusivo, respaldado por una factura emitida el 14 de agosto de 2024.
También surgieron contradicciones sobre el circuito del pago. En una primera versión, señaló que la empresa realizó el depósito directamente en su cuenta personal. Luego, en una entrevista radial, indicó que la transferencia se hizo primero a la cuenta del IPS y que posteriormente la institución le giró los G. 412.500.000.
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Presupuesto 2026: cómo se distribuyen los recursos
De acuerdo con la Ley N.º 7609, que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2026, el IPS cuenta con una asignación de G. 13.146.426.609.572.
Al tipo de cambio referencial del Banco Central del Paraguay (BCP), el monto equivale a aproximadamente US$ 2.037 millones para todo el ejercicio fiscal.
El 48,5% del total se destina al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, lo que representa G. 6,37 billones. El 39,13% corresponde al Fondo de Salud, con G. 5,14 billones.
El 12,37% restante, unos G. 1,62 billones, se asigna a gastos administrativos, servicios personales y funcionamiento operativo. En este último apartado se incluye una ampliación presupuestaria de G. 45.000 millones aprobada por el Congreso, orientada —según la previsional— a reforzar la atención directa al asegurado mediante recursos institucionales propios.