Rafael Filizzola solicita a la Fiscalía investigar al director jurídico del IPS. La denuncia cita un aumento patrimonial del 215% y posibles delitos financieros.
El senador Rafael Filizzola presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en la que solicita la apertura de una investigación penal de oficio contra el área jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS). La acción apunta directamente a su titular, el abogado José González Maldonado, por la presunta comisión de varios hechos punibles vinculados al ejercicio de su cargo, entre ellos cobro indebido de honorarios, enriquecimiento ilícito y posibles casos de evasión impositiva.
Según la denuncia, durante la gestión de González Maldonado se produjo un crecimiento inusual en la contratación de asesores externos. El número de abogados pasó de diez a veintinueve, lo que representa un costo superior a los 2.600 millones de guaraníes anuales para la previsional. Este incremento se da en un contexto en el que los asegurados enfrentan una grave escasez de medicamentos e insumos médicos, lo que —según el legislador— evidenciaría una asignación cuestionable de los recursos institucionales en perjuicio de los servicios de salud.
Uno de los puntos centrales del escrito es el acelerado aumento patrimonial del funcionario. De acuerdo con Filizzola, el crecimiento fue del 215% en apenas 15 meses. El propio González Maldonado reconoció esta variación ante el Congreso Nacional y la atribuyó al cobro de 412 millones de guaraníes en concepto de honorarios profesionales, derivados de un acuerdo transaccional con una empresa hotelera en el que intervino el IPS. No obstante, el senador sostiene que esta explicación deja dudas razonables sobre el verdadero origen de los fondos.
¿Quién pagó realmente los honorarios?
La normativa establece que los honorarios deben ser abonados por la parte vencida en juicio. Sin embargo, según los registros citados en la denuncia, el pago no provino de la empresa hotelera involucrada, sino del propio IPS. Esto, a criterio del legislador, desnaturaliza la figura del honorario regulado judicialmente y podría configurar un hecho de lesión de confianza, al haberse dispuesto presuntamente de fondos públicos en beneficio propio.
He presentado ante la @MinPublicoPy una solicitud de apertura de una investigación penal de oficio por presuntas irregularidades que habrían ocasionado un perjuicio al @IPSParaguay y que involucran al director jurídico, Abg. José González.
El IPS administra los aportes de… pic.twitter.com/Hpnk8Z2ZWQ
— Rafael Filizzola (@FilizzolaRafael) March 3, 2026
Inconsistencias en la declaración ante la Contraloría
Otro aspecto señalado son las contradicciones entre lo declarado ante la Contraloría General de la República y las manifestaciones públicas del funcionario. González Maldonado informó los 412 millones de guaraníes como ingreso personal. Sin embargo, posteriormente afirmó que ese dinero fue distribuido entre varios abogados que participaron en el caso. Esta discrepancia podría constituir una declaración patrimonial falsa o incompleta y abrir la puerta a responsabilidades administrativas e incluso a sospechas de enriquecimiento ilícito.
Filizzola también cuestiona el alcance del análisis realizado por la Contraloría, señalando que su dictamen no es vinculante para la investigación fiscal. A su criterio, el Ministerio Público cuenta con mayores herramientas para llevar adelante pericias integrales sobre el movimiento patrimonial y esclarecer los hechos. El objetivo, afirma, es resguardar los recursos que pertenecen a asegurados y jubilados.
Vínculos y posibles conflictos de interés
La denuncia menciona además una serie de vínculos familiares y profesionales que, según el legislador, merecen ser analizados. Entre ellos, el parentesco de González Maldonado con Marco Aurelio González, ex procurador y actual vicedecano de Derecho de la UNA. También se cita al abogado Francisco Barriocanal, asesor externo del IPS, cuya esposa, la jueza Marisa Vargas Jacquet, intervino en la homologación de acuerdos judiciales relacionados. Para Filizzola, la coincidencia de estos nombres en un mismo expediente y dentro de la misma institución podría, como mínimo, plantear serias dudas éticas e incluso eventuales casos de tráfico de influencias.
Diligencias solicitadas
El senador pidió al Ministerio Público que impulse medidas urgentes, entre ellas una auditoría fiscal profunda a cargo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que incluya a todos los abogados externos contratados por el IPS. El propósito es verificar si los honorarios percibidos fueron debidamente facturados y declarados, y descartar posibles esquemas de evasión impositiva dentro del departamento jurídico.
Asimismo, solicitó la remisión de copias completas de expedientes judiciales clave, como el acuerdo con el Consorcio Hotelero Sudamericano S.A., además de otros casos vinculados a las empresas Potî y Consorcio Central. También pidió analizar la intervención de la Procuraduría General en esos procesos y realizar una pericia técnica sobre el rubro de gastos judiciales, revisando las ejecuciones presupuestarias de los últimos años.
Finalmente, la denuncia no se limita al director jurídico. Filizzola solicitó que se evalúe la eventual responsabilidad penal del Consejo de Administración del IPS, que aprobó resoluciones que, según sostiene, pudieron haber afectado gravemente el patrimonio de la institución y, con ello, los fondos destinados a salud y jubilaciones. Ahora será el Ministerio Público el encargado de determinar si existieron conductas dolosas o abusos en estas decisiones administrativas.
Fuente: El Observador