La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la suspensión condicional del procedimiento en la causa por cohecho pasivo (coima) y extorsión, para Sergio Marcos Rodríguez Escobar (37 años), alias Chechi. El mismo era funcionario del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y fue procesado junto con el titular del ente Pastor Emilio Soria Melo.
La suspensión para Rodriguez, quien admitió los hechos punibles que se le atribuyeron, según el Auto Interlocutorio (AI) N° 47, es por el plazo de 2 años.
En julio de 2025 la fiscala Yeimy Adle imputó a Sergio Marcos Rodríguez Escobar por los hechos de cohecho pasivo (artículo 300), en calidad de cómplice, y extorsión (artículo 185), en calidad de coautoría, del Código Penal. El mismo cumplía funciones como encargado del control de cargas en el Mercado Central de Abasto de Asunción.
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Como parte de la medida, la magistrada también le impuso la realización de una donación de G. 30.000.000, en concepto de reparación del daño social causado. Dicha suma deberá ser abonada en 24 pagos mensuales de G. 1.250.000, del 1 al 5 de cada mes, al Hogar de Ancianas “Casa Santa Rosa” de las Hermanas Dominicas del Santísimo Sacramento, debiendo presentar constancia mensualmente.
Igualmente, Rodríguez Escobar tiene prohibido salir del país sin autorización previa del juzgado y las obligaciones de, residir en el mismo domicilio denunciado, ubicado en el barrio Cañada Ybyray de Asunción, y de comparecer trimestralmente al Juzgado de Ejecución Penal.
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Funcionario de Senave exigía dinero a cambio de certificados
Esta causa inició con la denuncia de Karen Leguizamón, entonces titular de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (ASICOPACE), el 4 de marzo de 2024. Ella expuso que funcionarios del Senave exigían a comerciantes del Mercado de Abasto, sumas que rondaban los G. 10.000.000, a cambio de expedir Certificados de Acreditación Fitosanitarias de Importación (AFIDI), cuyo costo oficial era de G. 17.715.
Durante la investigación fiscal se corroboró que Sergio Rodríguez, funcionario del Senave, encargado del control en el Mercado de Abasto de Asunción, exigió a dos de los importadores, sumas de dinero a ser transferidas a la cuenta del también funcionario Plinio Alcibíades Gamarra Morel, y además exigió para sí, el pago de otras sumas de dinero por conseguirles el contacto de Miguel Ángel Báez Soria, funcionario acusado.
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Es así que uno de los importadores tuvo contacto con Miguel Ángel Báez Soria, quien le dijo que para otorgarle la Afidi debía, en concepto de gratificación por la celeridad para la expedición, depositarle sumas de dinero o en su defecto entregarle a Sergio Rodríguez.
Luego de ello, el importador frutihortícola entregó en total la suma de G. 28.500.000 por la expedición de cuatro certificados. Asimismo, el hermano del importador también consiguió dicho certificado tras contactar con Sergio Rodríguez y le entregó G. 10.000.000 para Báez Soria, mientras que la suma de G. 500.000 a Rodríguez.
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Titular del Senave y otros más están acusados
El pasado 3 de enero, la fiscala Yeimy Adle acusó por supuesto cohecho pasivo, asociación criminal, lavado de dinero y extorsión al extitular del Senave, Pastor Soria Melo, además de Miguel Ángel Báez Soria, Martín Lezcano Villalba, Ramona Arce Ramírez, Roberto Cárdenas Ramírez, Víctor Manuel Leiva Cardozo, Plinio Gamarra Morel, Eladio Figueredo y Ramona Arce Ramírez.
Para ellos, la audiencia preliminar está fijada para el próximo 29 de abril.
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De acuerdo con la teoría fiscal, una vez que asumió en el cargo Pastor Soria Melo estableció un esquema para la expedición de la Afidi, documento emitido por el Senave cuyo costo era solo de G. 17.715; pero, los importadores habrían sido obligados a pagar coimas que oscilaban entre G. 5.000.000 y G. 10 millones por certificado y en otros casos de pagos hasta G. 80 millones.
Según la fiscala la extorsión se fundamentaba en las demoras injustificadas en Puerto Falcón, donde los funcionarios identificaban en el sistema de Ventanilla Única de Importación a los comerciantes que solicitaban las Afidi, para introducir al país tomates de forma legal.
Recaudaron G. 519 millones, según Fiscalía
Con los elementos que el Ministerio Público logró reunir durante la etapa de investigación, se corroboró que durante los meses de diciembre de 2023 a abril de 2024, los importadores se vieron obligados a abonar en total G. 519.100.000 para obtener las mencionadas Acreditaciones Fitosanitarias de Importación.
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Del total recaudado por el esquema criminal, según la acusación fiscal se han transferido a la cuenta habilitada en el Banco Itaú a nombre de Plinio Gamarra Morel la suma de G. 225.100.000; mientras que la suma restante se ha entregado en efectivo a los demás acusados, y unos G. 20.000.000 fueron transferidos a la cuenta de la firma Centronic S.A., suma que luego fue retirada en efectivo por Sergio Rodríguez.
En otra parte del escrito de acusación la agente fiscal resalta que, en un intento de desmarcarse del esquema, el entonces titular del Senave Pastor Soria denunció en el marco de la presente causa, a personas innominadas, por el pago irregular de las Afidi, tras las denuncias realizadas por los importadores.