06 de mayo de 2026 a la – 09:11
Una presunta víctima de “La Red Desinformante” presentó una denuncia penal contra el Mitic y otras instituciones por un presunto esquema de desvío de fondos públicos destinados a programas sociales para financiar campañas de hostigamiento digital. La acción legal señala la triangulación de recursos estatales a través de una agencia internacional para atacar a periodistas y opositores mediante la página “Despierta Paraguay”.
El ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa, bajo el patrocinio de los abogados Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada, presentó hoy una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía contra responsables del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y otras instituciones por el escándalo denominado “La Red Desinformante”.
La acción legal señala un esquema de triangulación de fondos públicos, originalmente destinados a programas sociales, para financiar campañas de hostigamiento digital.
La denuncia se basa en publicaciones de ABC que vinculan a la agencia colombiana Digimarketing SAS como el nexo común entre la pauta oficial de programas como “Hambre Cero”, “Che Róga Porã” y el “Plan SUMAR” y la página de ataques digitales “Despierta Paraguay”.
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Uso de programas sociales como fachada
El abogado Santagada explicó que lo que se solicita a la Fiscalía es una investigación exhaustiva ante la relevancia penal de los hechos, que -a su criterio- se enmarcan básicamente en un desvío de dinero público.
“Acá no se está pidiendo censurar a nadie, se está pidiendo que se investigue si hubo desvío de dinero público para estigmatizar a personas que son críticas a la gestión gubernamental”, declaró.
Según el escrito, existen sospechas de que el 74% de la pauta gestionada por dicha agencia en Google Ads se utilizó para campañas de desprestigio contra la prensa independiente, periodistas y opositores, mientras que el remanente correspondía a la publicidad de programas sociales que habrían servido de fachada.
Lesión de confianza y cobro indebido de honorarios
El documento solicita investigar la presunta comisión de lesión de confianza por el uso de fondos públicos para fines distintos a los establecidos en la Ley de Presupuesto, así como el cobro indebido de honorarios ante la sospecha de que funcionarios estatales dedicarían su horario laboral a la gestión de perfiles de acoso político.
Asimismo, se denuncia la frustración de la persecución y ejecución penal debido a la presunta eliminación de rastros y contenidos digitales de la agencia involucrada tras las publicaciones periodísticas, lo que constituiría una obstrucción a la justicia.
Asimismo, Santagada remarcó que se incluyó el componente de violencia de género debido a que en las publicaciones difamatorias se detectó una clara preferencia de ataque hacia mujeres periodistas y figuras públicas, lo que configuraría una violación de la Ley N° 5.777/2016.
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Obstrucción a la justicia y eliminación de evidencias
Respecto a la eliminación de las publicaciones tras desatarse la crisis, Santagada advirtió sobre la gravedad de que esto se diera presuntamente a pedido del Mitic mediante un comunicado oficial, lo cual podría constituir el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal al buscar suprimir evidencias institucionales.
La denuncia enfatiza la responsabilidad por acción u omisión de las autoridades del Mitic y del Viceministerio de Comunicación. Según alega, habrían omitido su deber legal de denunciar el uso indebido de la identidad estatal.
Se menciona además que el Plan SUMAR utiliza fondos de Senabico que tienen destinos específicos por ley, los cuales no incluyen la propaganda difamatoria.
Intervención de la Contraloría y Delitos Informáticos
El abogado aseveró que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional cuentan con las herramientas técnicas necesarias para rastrear las publicaciones y hallar a los responsables.
Además, subrayó que el avance de la causa dependerá finalmente de la voluntad política de la Fiscalía General, a cargo de Emiliano Rolón.
Entre las diligencias solicitadas se encuentran oficios al Mitic para remitir convenios con Itaipú Binacional y la Fundación PTI, informes de gestión a los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, así como la intervención de la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía para establecer la trazabilidad de los pagos.
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Otra diligencia requerida es que la Contraloría General de la República (CGR) realice una auditoría y análisis de correspondencia patrimonial de los funcionarios que resulten individualizados en el marco de la investigación.