La operación denominada Copia Fiel 2.0 logró esta semana la detención del precandidato a concejal de Luque por el movimiento Honor Colorado Roberto Cubilla Sanabria y los sindicados como colaboradores del político, Roberto Santiago Ayala Galeano y César García.
El precandidato a concejal del equipo que busca llevar a la intendencia de Luque a Hugo Farías fue procesado y cumple prisión preventiva, como presunto autor de lavado de dinero, en su modalidad de frustrar el comiso; coautor de asociación criminal, instigador del hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y autor del uso de documentos públicos de contenido falso.
A su vez Roberto Santiago Ayala Galeano y César García fueron procesados y tiene arresto domiciliario, a pedido del Ministerio Público, como presuntos cómplices de lavado de dinero y coautores de la asociación criminal.
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Estos tres encausados se suman a los demás presuntos implicados en el esquema Copia Fiel: Alexandre Rodrigues Gomes, el Abg. Óscar Tuma, la funcionaria de la antigua Dirección General de Registros Públicos, Alcira Celeste Rodrigues Flores; y las escribanas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón, de San Lorenzo; María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora).
Presunto esquema de ocultamiento de bienes
La imputación presentada por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez resalta que luego de los allanamientos en el marco de la Operación Pavo Real II, llevadas a cabo en la madrugada del 19 de agosto de 2024 en Pedro Juan Caballero, donde en uno de ellos murió el entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes; se activó un esquema para ocultar los bienes que el legislador y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes habían adquirido con dinero proveniente del narcotráfico.
En ese sentido el Ministerio Público relata en el acta de imputación que, luego de que el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal bloqueara los bienes de Lalo Gomes y su hijo Alexandre, también en fecha 19 de agosto de 2024, el esquema supuestamente liderado por Roberto Cubilla Sanabria levantó las inhibiciones y transfirió esos bienes a nombres de terceros, con la complicidad de escribanos.
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Puntualmente, agrega que Cubilla Sanabria tuvo participación en la compra venta de un camión y de un semirremolque granelero, pertenecientes a Alexandre Rodrigues Gomes. Ambas transacciones fueron formalizadas por la escribana María Raquel Cáceres, a través de escrituras públicas números 859 y 860 de fecha 22 de agosto de 2024.
Para realizar las transferencias la escribana invocó un poder general de administración con cláusula especial que otorgó el señor Faustino Ramón Aguayo Cabañas a favor del señor Roberto Santiago Ayala Galeano, quien firmó las transferencias a favor de César García, cuñado de Cubilla Sanabria y destinatario final de los bienes.
Precandidato sería “cerebro” del esquema
De acuerdo con la hipótesis fáctica del Ministerio Público, las escrituras de los bienes habrían sido redactadas por el ahora procesado Roberto Cubilla Sanabria, mediante la ayuda prestada por Mirna Esther Díaz Brítez, quien se desempeñaba como secretaria de confianza de la escribana María Raquel Cáceres.
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La Fiscalía agrega que con la alteración de los datos de Alexandre Rodrigues Gomes en la base de datos de la entonces Dirección de los Registros Públicos, que actualmente forma parte del Registro Unificado Nacional; habría desaparecido la inhibición general de enajenar y gravar bienes, posibilitando así las transferencias de los bienes.
El precandidato a concejal de Luque también está sindicado de haber tenido participación en la compra – venta de otro semirremolque perteneciente a Alexandre Rodrigues Gomes, el 12 de febrero de 2025. Nuevamente la transacción fue formalizada por la escribana María Raquel Cáceres, utilizando un poder general otorgado por Faustino Ramón Aguayo a favor de Roberto Santiago Ayala Galeano, quien a su vez transfirió el bien a Rosa Catalina Domínguez, quien falleció en Buenos Aires en el 2020.
Dicho bien habría sido transferido nuevamente en abril de 2025 por la supuesta propietaria Rosa Catalina Domínguez, a favor de la empresa Castellano S.A, oportunidad en la que el propio Cubilla Sanabria se habría presentado al señor Carlos Rubén Castellano como escribano de confianza de la vendedora y supuesta propietaria, quien en realidad había fallecido en el 2020.
Proceso contra Alexandre Rodrigues y Óscar Tuma
El Abg. Óscar Tuma asumió como defensor de Alexandre Rodrigues Gomes, en el caso Pavo Real II, en fecha 20 de agosto. Ese día el juzgado ordenó a la Dirección General de Registros Públicos, vía oficio, que se registre la medida cautelar a los imputados. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se procedió a lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.
Sin embargo, el abogado Óscar Tuma apeló el A.I. N° 331 señalando que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no había quedado firme. Tuma presentó su escrito en forma electrónica a las 0:56 del 21 de agosto, según consta en el registro.
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Ese mismo día, pero a las 12:22, la funcionaria ahora imputada Alcira Rodríguez había ingresado al sistema con su código de usuario 107 y realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336.
Esa acción abrió la posibilidad de que la transferencia de los cuatro inmuebles de parte de Alexandre Rodrigues a Óscar Tuma pueda realizarse, pues la notaria, en el marco de sus actuaciones, solicitó un informe a Registros Públicos a modo de conocer si había impedimento legal, pero la respuesta fue negativa.
Imputación por supuesto lavado de dinero
Para los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, quienes presentaron la imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes y el Abg. Óscar Tuma, en la primera fase de la Operación Copia Fiel, el letrado no podía desconocer el estado procesal de su defendido, pues tuvo intervención y acceso desde un inicio a las actuaciones judiciales.
Es más, Tuma apeló el Auto Interlocutorio N° 331 y un Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la medida cautelar.
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El tribunal de alzada resaltó en su fallo que “el principio que rige respecto a las medidas cautelares es que las mismas deben ser cumplidas y cualquier recurso interpuesto no puede tener efecto suspensivo, vale decir, las medidas cautelares se cumplen hasta tanto sean revocadas y no a la inversa”.
Es ante este contexto que la Fiscalía imputó a Rodrigues y Tuma por presunto lavado de activos porque entiende que el letrado tenía conocimiento de la situación procesal de su cliente, de que no podía disponer de sus bienes y, por ende, no podía transferir sus inmuebles como dación en pago por los servicios profesionales.
Presunta implicancia de escribanas en esquema
Los elementos recolectados hicieron sospechar al Ministerio Público de una conducta de intento de ocultamiento de los bienes, a fin de evitar su eventual comiso, con la participación de escribanas en el esquema.
En consecuencia el 12 de setiembre de 2025 los fiscales Alejandro Cardozo, José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, en el marco del caso “Copia Fiel”, presentaron imputación en contra de Alexandre Rodrigues Gomes y las escribanas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón, de San Lorenzo; María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora).
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Los hechos punibles atribuidos a Alexandre Rodrigues, son el lavado de dinero, en la modalidad de frustrar su comiso, en calidad de autor; así como la instigación para la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.
En tanto que para las escribanas Blanca Ozuna, María Verón y María Cáceres, los hechos son la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso. Todos en calidad de autoras.
Alexandre Rodrigues hizo 12 transferencias en 10 meses
A partir de la modificación de los datos de Alexandre Rodrigues en el sistema informático de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), realizó en total 12 transferencias, cuatro de ellas relacionadas a inmuebles que pasó a nombre de su abogado defensor Óscar Tuma, como dación en pago por sus honorarios profesionales, y 8 rodados, entre camiones, camionetas y semirremolques.
Según la imputación, las transferencias de los bienes registrados a nombre de Alexandre Rodrigues se iniciaron inmediatamente después de la alteración de datos en el sistema de la DGRP, es decir, ocurrieron entre el 22 de agosto de 2024 y el 24 mayo de 2025.
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En relación a la escribana María Raquel Cáceres, a las 9:25 del 20 de agosto de 2024, solicitó informes a la DGRP sobre la condición de Rodrigues, la institución contestó el 21 de agosto de 2024 a las 8:07, informando que Rodrigues tenía inhibición general de general de enajenar y gravar bienes, dispuesta por el juez Osmar Legal, por AI N° 331 del 20 de agosto.
Una segunda solicitud fue hecha por la escribana María Cáceres, a las 11:39 del 21 de agosto, que fue contestada el 22 de agosto de 2024 a las 9:19, informándose que Alexandre Rodrigues ya no tenía medida cautelar alguna. Esto debido a que el 21 de agosto de 2024, a las 12:22 se produjo la alteración de los datos del encausado en el sistema de la DGRP.
Utilizaron poder de presunto narco y datos de fallecida
El 22 de agosto de 2024, según consta en la escritura, Roberto Santiago Ayala Galeano invocó poder general con cláusula para transferencia y actuó, supuestamente en representación de Alexandre Rodrigues, en relación a un camión, por G. 770 millones, y un semirremolque, por G. 120 millones a favor de César García.
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El 12 de febrero de 2025, bajo la misma modalidad, supuestamente Alexandre Rodrigues representado bajo poder general por Roberto Ayala, transfirió un camión, por G. 530 millones, y un semirremolque, por G. 200 millones, a Catalina Rosa Domínguez. Es preciso señalar que la mujer, paraguaya, fue asesinada el 13 de diciembre de 2020 en Argentina, por su esposo paraguayo.
Así también se debe destacar que, el poder general con cláusula especial para transferencia fue confeccionado el 8 de julio de 2019, por la escribana Blanca Rossana Ozuna Leguizamón. Dicha autorización notarial la había otorgado el presunto narcotraficante Faustino Ramón Aguayo Cabañas, según la hipótesis fiscal.
Por su parte, la escribana Blanca Ozuna elaboró el 10 de abril de 2025 escritura pública con objeto de “compra-venta” del camión y un semirremolque, en favor de Tanya Leticia Acuña, en representación de la firma “Castellano SA”. En relación a ambos rodados, habrían simulado que fue Catalina Rosa Domínguez quien transfería dichos bienes.
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En cuanto a la notaria pública María Luis Verón, elaboró las escrituras públicas mediante las cuales, Alexandre Rodrigues transfirió un camión Iveco y dos camionetas, una Ram Larame y una Toyota Landcruiser, a un joven de 23 años, el 9 de setiembre de 2024; así como una camioneta Ford F-1000 a un hombre de 40 años, el 16 de setiembre de 2024. En ambos casos se hizo constar presuntamente en forma falsa la comparecencia de Rodrigues.