Mientras el presidente de la República, Santiago Peña salió ayer a atacar a la prensa y ratificó que no dejará que se audite el origen de su sospechosa fortuna (entre los años 2017 y 2023), encabezados por los presidentes de ambas cámaras del Congreso; el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y el diputado Raúl Latorre (ANR, HC), el bloque cartista salió a pretender defender al mandatario.
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Como si hubiese caído una orden de arriba, ayer los cartistas salieron a “poner las manos en el fuego”, tal como lo hicieron con otros cuestionados cartistas como el condenado y preso por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, exsenador Erico Galeano; o el presunto abogado “mau” y ahora exsenador Hernán David Rivas, e incluso con el ahora investigado por presunta corrupción, expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez; o el expresidente de Petropar, Eddie Jara.
El presidente del Congreso, “Bachi” Núñez, que ayer se reunió con Peña, optó por atacar a los denunciantes antes que apuntar a los cuestionamiento; como por ejemplo que el mandatario explique cómo pasó de tener un patrimonio neto de G. 1.351.955.763 en 2017 a G. 23.024.303.342 antes de asumir como presidente en 2023.
“Brillante como siempre la oposición! Recordemos que Seprelad lo manejaba un aliado de ellos en el gobierno anterior y no reportaron ningún ROS. Ahora se escandalizan si alguien gana plata en el privado… pero con la plata pública que manejaban sus amigos, eran más ciegos, sordos y mudos que nunca. ¡Qué coherencia!“, alegó Bachi.
La defensa de Bachi incluso tiene tinte personal ya que es otro que en este gobierno “ya está mejor”. Hasta antes que asumiera este gobierno, se declaraba un “pobre” y “golpeado por la pandemia”, siendo reclamado incluso por una millonaria deuda impaga con la Cooperativa San Cristóbal, que se le había concedido cuando la institución era manejada por el ahora preso por el caso “A Ultranza” y exdiputado colorado, Juan Carlos Ozorio.
Otro que salió a intentar defender a Peña fue el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que habló de un supuesto sometimiento “voluntario” de Peña a que se audite su patrimonio, pero obviando mencionar que Peña ayer se negó rotundamente a ser indagado por el periodo de seis años que estuvo fuera de la función pública pero seguía siendo una “persona políticamente expuesta” (PPE).
“El Presidente de la República se sometió voluntariamente a un examen de correspondencia patrimonial y el resultado fue categórico: la Contraloría determinó técnicamente que no existen irregularidades. Cuando las pruebas hablan con claridad, el relato pierde fuerza”, dijo en su cuenta en X, Latorre.
Otra cuestión que omite -a drede- Latorre es que la Contraloría no analizó el periodo (2017-2023) en que se dio el meteórico aumento del 1603% del patrimonio neto de Peña y llamativamente consideró regular que Peña se construya una mansión en San Bernardino (valuada en US$ 900.000) sin tener el dinero ni el título de la propiedad.
Según Peña, para pagar una parte de su casa de verano, accedió a un préstamo de Ueno Bank, del Grupo Vázquez, sus exsocios comerciales en Ueno Holding. El préstamo le fue concedido pese a que ni siquiera tenía el título de la propiedad.
Además, la obra fue realizada en su totalidad sin ningún pago previo a la Constructora Gómez Abente SA, representada por Santiago Pedro Gómez Zelada, proveedor del Estado y suegro del hermano del presidente, Manuel Peña Palacios.
Miembro del JEM habla de “operación política”
Por su parte, uno de los vicelideres de la bancada de Honor Colorado en Diputados y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Aguilera alegó que las dudas legítimas y fundadas sobre la fortuna de Peña son simplemente una “operación política” para supuestamente tapar los “logros” del gobierno.
Aguilera salió a declarar “inocente” a Peña, sin importarle su condición de miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y que sus expresiones pudiesen convertirse en una presión para el fiscal Jorge Arce que es el que lleva la causa penal contra Peña.
“La oposición con fuerte apoyo mediático intentó instalar el relato del fracaso del Gobierno desde el vamos. Decían que Hambre Cero no funcionaría, cuestionaron el plan de viviendas, apostaron al fracaso de la universalización de la pensión para adultos mayores y minimizaron la llegada de inversiones que hoy generan empleo y oportunidades para miles de paraguayos. Como los hechos desmintieron ese relato, ahora buscan sembrar dudas sobre el patrimonio del presidente Santi Peña”, alegó Aguilera.
También repitió el mismo discurso de Latorre, en el sentido de que supuestamente la Contraloría, en su examen de correspondencia, “no encontró nada” y que ello ya es prueba suficiente de la “honorabilidad” del mandatario, cuando desde un inicio el contralor Camilo Benítez fungió de abogado defensor de Peña en el caso de su mansión.
“La Contraloría auditó durante meses sus declaraciones juradas y concluyó que existe correspondencia entre sus ingresos y su patrimonio. No encontraron absolutamente nada irregular. Cuando no pueden atacar los resultados de la gestión, atacan a la persona. Pero los hechos, los documentos y las instituciones hablan más fuerte que cualquier operación política”, refirió el diputado cartista.
El mismo habló del rol de las instituciones, siendo que el cartismo fue el encargado de dinamitar la credibilidad de varias de ellas, empezando por el JEM, donde pusieron como presidentes a dos presuntos abogados “mau” como el exsenador Hernán David Rivas y el exdiputado Orlando Arévalo.