16 de junio de 2026 a la – 09:18
La primera reunión de la comisión especial del Senado que investigará el esquema de presuntos títulos universitarios falsos arrancó con fuerte cruce entre la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y Dionisio Amarilla (liberocartista). La senadora desafío a su colega a denunciarla ante la Fiscalía.
El detonante fue la propuesta del senador Dionisio Amarilla (liberocartista), quien planteó que la primera línea de investigación debería comenzar con los propios legisladores, gobernadores, intendentes e incluso el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, sometiendo a revisión los antecedentes académicos de quienes ocupan cargos públicos.
“Los 80 diputados y 45 senadores tenemos que someternos a la prueba de rigor de cómo accedimos a nuestros títulos”, sostuvo Amarilla, al tiempo de abrir públicamente sus antecedentes académicos para cualquier verificación.
El legislador fue más allá y propuso extender el control a concejales, gobernadores, intendentes, ministros, al presidente de la República y al vicepresidente, mediante una revisión de los registros de diplomas obrantes en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
“Empezar por las mas sospechadas”, dice senadora
La propuesta generó la inmediata resistencia de la senadora liberal Celeste Amarilla, quien sostuvo que una investigación tan amplia haría imposible avanzar en resultados concretos.
Según argumentó, la comisión debe concentrarse inicialmente en las instituciones que ya arrastran sospechas públicas sobre la expedición irregular de títulos.
“Tenemos que empezar con las más sospechadas. Para rápido frenar, en todo caso, que eso siga ocurriendo y obtener consecuencias sobre esos títulos falsos”, afirmó.
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La legisladora mencionó expresamente a la Universidad Sudamericana y otras instituciones privadas señaladas en diversas denuncias públicas.
“Hasta en el Senado hay funcionarios con títulos de la Sudamericana comprados”, lanzó durante el debate.
Celeste insistió en que no corresponde convertir a la comisión en una suerte de Fiscalía que revise masivamente los antecedentes de todos los egresados de universidades tradicionales como la Universidad Nacional de Asunción o la Universidad Católica.
“Comencemos puntualmente con la Sudamericana, con estas universidades de frontera, con estas que ya tienen denuncias”, remarcó.
El momento de máxima tensión
La discusión escaló cuando Dionisio Amarilla respondió que nunca había mencionado a una universidad en particular y que únicamente proponía acceder a los registros oficiales de diplomas como paso previo a cualquier investigación. “La aprehensión que demuestra la senadora no me extraña”, expresó.
Su dichos provocaron la reacción de la senadora quien desafío a Amarilla: “¡Pero andá a investigar, chamigo, y dejá de hablar al pedo! ¡Denunciame a la Fiscalía, que la Fiscalía intervenga la Uninorte!”, respondió visiblemente molesta.
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Lejos de detenerse, Celeste Amarilla cuestionó que la comisión pudiera convertirse en una herramienta para atacar a determinados legisladores. “¿Yo soy el objetivo de esta comisión?”, reclamó y consultó al senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial, quien le negó la intención.
La senadora defendió nuevamente sus antecedentes académicos y desafió públicamente a cualquier investigación sobre sus títulos. “Estudié la carrera y tengo término medio cinco, punto. Si no te gusta la Uninorte, intervengan la Uninorte. No tengo ninguna aprehensión”, enfatizó.
Acusaciones de inseguridad y más cruces
La tensión continuó cuando Dionisio Amarilla volvió a tomar la palabra para sostener que la reacción de su colega demostraba “inseguridad”. “Me parece que esta señora no entiende de lo que se habla, no interpreta, no reflexiona”, disparó.
Posteriormente insistió en que la comisión necesita conocer primero cuántos diplomas fueron registrados oficialmente por cada universidad antes de seleccionar casos específicos para investigar. “El espíritu aprehensivo e inclusive belicoso que está mostrando esta señora demuestra inseguridad”, afirmó.
También señaló que una vez obtenidos los registros generales podrían analizarse universidades específicas, entre ellas la Sudamericana, la Uninorte o cualquier otra institución bajo sospecha.