09 de julio de 2026 a la – 21:29
El abogado Ezequiel Santagada advirtió que el bloqueo de YouTube a la sesión del Senado por un reclamo de copyright abre un debate sobre libertad de expresión.
En una entrevista en el programa Mesa con EVP, el abogado Ezequiel Santagada, especialista en libertad de expresión, cuestionó el bloqueo que realizó YouTube a parte de la transmisión oficial de la sesión de la Cámara de Senadores tras un reclamo por derechos de autor vinculado a la FIFA. A su criterio, el episodio trasciende la polémica generada por las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla sobre el futbolista Kylian Mbappé y expone el creciente poder de las plataformas digitales para limitar el debate público.
Si bien dejó en claro que no comparte las expresiones de la legisladora, las calificó de “discurso chocante” y de “mal gusto”, sostuvo que ese tipo de manifestaciones continúan amparadas por la libertad de expresión y advirtió sobre los riesgos de impulsar sanciones penales por opiniones ofensivas.
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“La incorrección política forma parte de la libertad de expresión”
Santagada afirmó que una democracia debe proteger incluso las expresiones que generan rechazo social, ya que son precisamente esos casos los que ponen a prueba los límites de la libertad de expresión.
En ese sentido, alertó que convertir en delito las manifestaciones consideradas ofensivas podría abrir la puerta a futuras restricciones contra cualquier discurso incómodo para el poder político o económico.
El especialista diferenció además la realidad latinoamericana de la europea. Señaló que, mientras Europa desarrolló mayores restricciones al discurso debido a su historia de guerras, genocidios y segregación racial, en América Latina la libertad de expresión fue una herramienta fundamental para enfrentar las dictaduras y consolidar los procesos democráticos.
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Críticas al poder de las plataformas digitales
El abogado sostuvo que actualmente las redes sociales se convirtieron en la principal plaza pública del siglo XXI, donde se desarrolla gran parte del debate ciudadano. Por ello, expresó preocupación por el creciente protagonismo de empresas privadas en la moderación de contenidos.
Según afirmó, hoy “las sanciones están privatizadas”, debido a que plataformas como YouTube, Facebook o X establecen qué contenidos permanecen visibles y cuáles son retirados, aplicando reglas propias que, a su criterio, responden principalmente a intereses comerciales.
Añadió que los algoritmos de moderación priorizan el lucro antes que derechos fundamentales como la libertad de expresión o el acceso a la información pública.
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El caso del Senado y el reclamo por copyright
Para Santagada, el bloqueo parcial de la transmisión oficial del Senado representa un precedente preocupante. Argumentó que una plataforma no debería aplicar automáticamente reclamos por derechos de autor cuando se trata de sesiones públicas de un Poder del Estado.
A su criterio, las empresas tecnológicas cuentan con capacidad técnica para exceptuar de esos bloqueos a transmisiones oficiales de los órganos democráticos, especialmente cuando el material audiovisual se utiliza con fines informativos y sin propósito comercial.
El abogado sostuvo que permitir que una corporación privada limite el acceso a debates parlamentarios implica restringir el espacio donde la ciudadanía ejerce su derecho a informarse sobre asuntos públicos.
Una advertencia sobre el futuro del debate público
Finalmente, Santagada sostuvo que el episodio registrado con la transmisión del Senado es una muestra de una transformación más amplia en el ecosistema digital.
Afirmó que las restricciones impuestas por plataformas privadas pueden parecer hechos aislados, pero advirtió que, si esos mecanismos se naturalizan, el margen para el debate público y el control ciudadano sobre el poder podría reducirse progresivamente.
“Con estas sutilezas se nos está yendo la libertad”, concluyó el especialista al advertir sobre el creciente poder que ejercen las grandes empresas tecnológicas sobre la circulación de contenidos en internet.