La requisa realizada este lunes en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo permitió incautar 500 celulares, tarjetas SIM, armas de fabricación casera y otros objetos prohibidos. El procedimiento, denominado Operativo Vyra Hû 3, tuvo como objetivo desarticular posibles esquemas de delitos informáticos operados desde el interior del establecimiento penitenciario.
El operativo fue ejecutado por el Ministerio de Justicia en coordinación con la Policía Nacional. La intervención se desarrolló a partir de información proporcionada por el Departamento de Ciberseguridad del Ministerio del Interior. En total, participaron unos 300 agentes, entre efectivos policiales, personal táctico antimotines y 100 funcionarios penitenciarios.
La requisa se inició tras investigaciones vinculadas con estafas mediante sistemas informáticos. Durante el procedimiento, las autoridades buscaron teléfonos, tarjetas SIM y otros elementos que podrían haber sido utilizados para mantener comunicaciones no autorizadas desde el penal. Los objetos incautados serán analizados como parte de la investigación.
Operativo Vyra Hû 3 apunta a delitos informáticos
La cantidad de celulares hallados refuerza la preocupación oficial por el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios. El Ministerio de Justicia informó que el objetivo principal fue interrumpir posibles estructuras dedicadas a fraudes digitales. Además de los teléfonos, fueron retiradas armas caseras y otras pertenencias cuya posesión está prohibida dentro del penal.
El despliegue incluyó agentes policiales, personal penitenciario y unidades tácticas antimotines. La presencia de estos equipos buscó garantizar el control de la cárcel durante la revisión. El procedimiento se desarrolló durante la mañana y abarcó diferentes sectores de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.
📌 Autoridades realizan requisa en el penal de Coronel Oviedo con el fin de confiscar teléfonos celulares utilizados para supuestos casos de estafa.
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Intervienen la cárcel y apartan al director
Tras finalizar la requisa, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata de la penitenciaría. La cartera estatal también ordenó el apartamiento del director del establecimiento. La decisión fue adoptada mientras avanzan las averiguaciones sobre la forma en que los celulares y demás objetos ingresaron o permanecieron dentro de la cárcel.
La Dirección de Asuntos Internos quedó encargada de determinar si existió complicidad o participación de funcionarios penitenciarios. La investigación deberá establecer responsabilidades sobre el ingreso, circulación y permanencia de los elementos prohibidos. Hasta el momento, la información difundida no identifica a funcionarios investigados ni comunica resultados concluyentes sobre posibles responsabilidades internas.
Fuente: ÚH