Una comitiva fiscal y policial allanó un edificio en Asunción por presunta explotación laboral y trata internacional de personas. El operativo conjunto se ejecutó en el marco de la denominada Operación Dignidad sobre la avenida Santa Teresa. La intervención incluyó la participación de inspectores del Ministerio del Trabajo y de la Dirección Nacional de Migraciones.

El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones del Edificio AURA Paraguay. En esa sede opera la firma Marketing Sociedad Anónima junto a otras empresas bajo el formato de call center. La causa penal está a cargo de la fiscal especializada contra la Trata de Personas, María Isabel Arnold. Asimismo, la orden judicial fue emitida por el juez penal de garantías Humberto Otazú.

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Durante la revisión de los diferentes sectores, los intervinientes incautaron diversos elementos de interés probatorio. La comitiva requisó bibliógrafos, legajos internos, cuadernos y varios dispositivos de memoria pendrive. Además, los agentes confiscaron un equipo DVR y cinco computadoras portátiles. Estos materiales fueron remitidos al laboratorio forense del Ministerio Público para la correspondiente extracción y análisis de datos.

Modalidad de captación y explotación laboral

La investigación se inició formalmente a partir de la denuncia radicada por una trabajadora afectada. La denunciante manifestó que fue captada a través de plataformas digitales por medio de una aplicación de la empresa. Su incorporación inicial contemplaba un periodo de prueba laboral de tres meses en las oficinas corporativas.

Al finalizar ese lapso, los administradores comunicaron a la colaboradora que no había aprobado la pasantía. Posteriormente, la desvincularon del establecimiento sin entregar recibos de haberes ni abonarle suma alguna por sus labores. El comisario Humberto Ramón Aquino Riveros, jefe del Departamento contra la Trata de Personas, confirmó este procedimiento irregular.

¿Qué irregularidades hallaron en el establecimiento?

En el inmueble allanado, las autoridades contabilizaron a cerca de 200 personas distribuidas en tres plantas operativas. La verificación oficial reveló que más del 40 % de los colaboradores extranjeros se encontraba en situación migratoria irregular. A su vez, el Ministerio del Trabajo constató que la gran mayoría prestaba servicios de manera informal.

En el lugar fueron incautados documentos y otros indicios que ya son peritados por los investigadores.

El personal foráneo afectado estaba compuesto por ciudadanos brasileños cuyas edades oscilan entre 20 y 50 años. Aquino Riveros explicó que la firma aprovechaba el estado de vulnerabilidad derivado de la falta de documentos de residencia. A raíz de esa condición precaria, los encargados les pagaban remuneraciones menores a las acordadas en sus contratos iniciales.

Por otra parte, los intervinientes señalaron que los empleados contaban con flexibilidad laboral en el recinto. Aquino Riveros puntualizó: En ningún momento ellos manifestaron que estaban en contra de su voluntad. Aun así, las autoridades sostienen que esas personas fueron captadas bajo engaño y prosiguen con la investigación penal.

Fuente: ABC Color


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