17 de septiembre de 2026 a la – 17:14
La Contraloría General de la República (CGR) detectó un millonario “bicicleteo” de recursos económicos en la Municipalidad de Emboscada. Ediles habían solicitado la intervención municipal, pero en Diputados archivaron el pedido gracias a un “pacto de impunidad”.
La Contraloría General de la República detectó innumerables irregularidades en la gestión del intendente liberal Silvio Andrés Peña, quien fue denunciado en el 2025 por la Junta Municipal, pero en Diputados ningunearon las denuncias.
Según el informe final de la auditoría realizada a la gestión del 2024 de Silvio Peña, se realizó un “bicicleteo” de recursos. Según la Contraloría, entre enero y setiembre se recaudaron G. 2.181 millones, pero no se efectuó el depósito íntegro y oportuno de G. 1.462 millones violando abiertamente varias leyes.
En respuesta, el intendente Peña argumentó que ese dinero se usó para “gastos operativos menores, urgentes e impostergables”, pero que después fueron repuestos. Es decir, admitió el bicicleteo de recursos.
También la CGR detectó el manejo irregular de los fondos institucionales durante el periodo fiscal 2024. Se emitieron cheques municipales depositados como recaudaciones en la misma cuenta de origen.
Retraso en transferencia
Otro hecho observado por el ente contralor fue el depósito con retraso al Ministerio de Economía y Finanzas del 15% de los ingresos en concepto del Impuesto Inmobiliario correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
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También el intendente Peña depositó con retrasos a la Gobernación de Cordillera el 15 % de los ingresos en concepto del Impuesto Inmobiliario del ejercicio fiscal 2024. Según los datos, hubo retrasos hasta de 134 días.
Asimismo se detectó el incumplimiento del plazo para los depósitos de las retenciones de los Aportes jubilatorios del empleador a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal durante el 2024.
También se detectó una deuda a concejales municipales opositores en concepto de “dietas” por G. 31.500.000 al cierre del ejercicio fiscal 2024.
El ente contralor detectó plenamente debilidades en la gestión de la seguridad lógica y en el control interno de la gestión de Silvio Peña.
Pacto de impunidad
La Junta Municipal de Emboscada, por Resolución Nº 218 del 21 de junio de 2025 pidió la intervención de la gestión del intendente Silvio Andrés Peña (PLRA). La solicitud fue ingresada a la Contraloría General de la República (CGR) y al Ministerio del Interior el 23 de junio, para que se pueda trasladar el pedido a la Cámara de Diputados.
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No obstante, el pedido fue encajonado por más de un año y, debido a un “pacto de impunidad” entre diputados colorados y liberales, quedó en el freezer.
Junto con el de Silvio Peña había también el pedido de intervención de otras cinco municipalidades, entre ellas cuatro coloradas que incluían al intendente de Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) de Tomás Romero Pereira, padre del exsenador Hernán Rivas.