Este jueves, Atome PLC formalizó un Aviso de Controversia contra el Estado paraguayo, primer paso hacia un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por hasta US$ 665 millones. Pero detrás de ese anuncio hay un documento que pocas veces volvió a mencionarse públicamente: la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) el 28 de diciembre de 2022, casi tres años antes de que la disputa llegara a este punto.
ABC accedió al expediente completo —el contrato original, la denuncia ante la CGR y el comunicado de Atome de este jueves— y encontró que la controversia no nace solo de la revocación de decretos en 2026, sino de un contrato firmado en 2022 cuya legalidad ya había sido cuestionada, sin que constara que la Contraloría haya emitido una resolución al respecto.
Consultado por ABC sobre el anuncio de arbitraje, el exviceministro de Minas y Energía Ricardo Canese fue tajante: “Eso evidencia el espíritu saqueador de esta empresa”, dijo, y sostuvo que el problema de fondo “nunca se investigó” pese a la denuncia formal presentada hace casi cuatro años.
Lo que dice el contrato Atome – ANDE
El 3 de mayo de 2022, el entonces presidente de la ANDE, Félix Eladio Sosa Giménez, y el directivo de Atome James Edward Spalding Hellmers firmaron el Contrato de Prestación del Servicio de Conexión y Suministro de Energía Eléctrica, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2032, para abastecer en 220.000 voltios la planta industrial de Villeta.
El documento fija una Potencia Reservada de 60.000 kW desde el 1 de enero de 2025 y aplica la tarifa de la Categoría 620 del Pliego de Tarifas N.º 21 —pensada para consumidores en muy alta tensión en general— y no la tarifa específica para industrias electrointensivas que fija el Decreto N.º 7.551/2017, vigente desde antes de la firma, según menciona la denuncia presentada ante la CGR.
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Otro punto que la cláusula 7.2 del contrato deja abierto: Atome puede pedir aumentos de potencia reservada para años siguientes con solo “comunicar por escrito” antes del 30 de setiembre, supeditado únicamente “a la disponibilidad” de la ANDE, sin otro filtro técnico o económico explícito en el texto.
La denuncia de 2022: US$ 117 millones de presunto daño patrimonial
El escrito presentado ante el contralor Camilo Benítez, firmado por las agrupaciones “Itaipú 2023, Causa Nacional” y “Itaipú es también soberanía/PPP”, calcula un daño patrimonial de US$ 117 millones durante la vigencia del contrato de Atome, resultado de aplicar 30,75 US$/MWh frente a los 61,68 US$/MWh que exige el decreto 7551/2017 (vigente entonces) para electrointensivas en el departamento Central.
El documento compara además esa tarifa con el costo de la energía garantizada de Itaipú —40,5 US$/MWh en barras, unos 42,3 US$/MWh puesta en Villeta, con pérdidas de transmisión incluidas— para concluir que la ANDE estaría vendiendo energía por debajo de su propio costo de generación, en presunta infracción a su Carta Orgánica, que exige cubrir costos más un 8% de rentabilidad mínima.
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Un dato que la denuncia subraya especialmente: Spalding dirigió Itaipú Binacional del lado paraguayo entre 2013 y 2018, y años después firmó el contrato en representación de Atome, en lo que los denunciantes califican de “puerta giratoria”.
Canese: “Nunca se expidió” la Contraloría
Canese vinculó directamente el reclamo internacional de este jueves con esa denuncia archivada: “Nosotros, como Itaipú Causa Nacional, inmediatamente denunciamos a la Contraloría. La Contraloría no hizo nada. Nunca se expidió”, afirmó a ABC.
El también exparlasuriano extendió la responsabilidad tanto al expresidente Mario Abdo Benítez, durante cuyo gobierno se firmó el contrato, como al actual mandatario Santiago Peña, a quien acusó de haber profundizado el esquema tarifario cuestionado en decretos posteriores. “Los dos son responsables”, sostuvo.
El Aviso de Controversia de Atome se sustenta jurídicamente en la revocación de los decretos de 2026 que la empresa dice haber tomado como garantía para levantar financiamiento internacional. Pero el expediente de 2022 muestra que la disputa sobre si la tarifa pactada con Atome era legal —y quién debe responder por un eventual daño al patrimonio de la ANDE— es anterior y sigue, según los documentos revisados por ABC, sin una resolución pública de la Contraloría.
Con el país ante una eventual demanda multimillonaria en el CIADI, el expediente de 2022 vuelve a cobrar relevancia: si la Contraloría hubiera determinado en su momento que la tarifa del contrato era ilegal, el marco sobre el cual Atome ahora reclama protección como inversor extranjero habría sido, desde el inicio, un acuerdo objetado por el propio Estado paraguayo.
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¿Qué establecía el Decreto N.° 7551/2017 en materia tarifaria?
El Decreto N.° 7551/2017 de la República del Paraguay fijó el marco tarifario preferencial para el suministro de energía eléctrica por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a las Industrias Electrointensivas (IEI).
El decreto fijó la estructura y los valores de venta de energía para las grandes consumidoras electrointensivas conectadas en alta y muy alta tensión (220 kV y 66 kV), con un factor de carga de al menos 85%.
- Criterio de Modulación: La tarifa variaba según el porcentaje de modulación o flexibilización del consumo del usuario a solicitud de la ANDE para proteger los picos de demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
- Escala Tarifaria:
- Condiciones técnicas: Exigía el cumplimiento estricto de límites de potencia contratada, factor de potencia y puntos de entrega específicos para mantener los precios preferenciales.
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¿Sigue vigente?
No, ya no está vigente. Fue derogado mediante el Decreto N° 5306/2026 (emitido en enero de 2026, modificado en abril y anulado en junio de este año), el cual dejó sin efecto in totum el Decreto N° 7551/2017 y normativas afines (como los decretos 6371/2016 y 7406/2011).
El Poder Ejecutivo sustituyó este marco tarifario para actualizar las categorías de gran consumo (tales como la minería de criptoactivos, centros de procesamiento de datos e industrias intensivas como Power-to-X e hidrógeno verde) buscando que las tarifas reflejen de manera más precisa el costo de oportunidad y la demanda real sobre el sistema de la ANDE.