28 de septiembre de 2026 a la – 19:40
El Departamento de Estado de EE.UU. sancionó a jueces, fiscales y políticos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tras la cumbre del Escudo de las Américas. Aunque Paraguay no tiene sancionados en esta tanda, el mensaje de Washington pone en alerta a la clase política local.
La Administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció la puesta en marcha de una agresiva política de restricción y cancelación inmediata de visados para funcionarios públicos, magistrados y empresarios extranjeros. La medida afecta directamente a personas acusadas de socavar la gobernanza democrática, la seguridad y el Estado de derecho en el Hemisferio Occidental mediante actos de corrupción o nexos con el narcotráfico.
A través de un comunicado oficial del portavoz del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, Washington dejó en claro que la revocación alcanza tanto a los implicados como a sus familiares directos, aplicando la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
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El pronunciamiento es parte de la concreción de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral realizada en marzo pasado y ratificados el reciente 22 de septiembre en Nueva York durante el foro de jefes de Estado del bloque “Escudo de las Américas”.
En esta primera tanda de castigos, la Casa Blanca descargó su garrote contra más de una docena de autoridades de Bolivia, encabezadas por la designación pública por corrupción del fiscal general de ese país, Roger Mariaca, además de senadores y jueces de Colombia, Ecuador y Perú.
La sombra de corruptos que rodea a Paraguay
La nómina de sancionados en este primer embate incluye a peces gordos del sistema judicial y político regional. En Bolivia se revocaron visas a fiscales superiores, jueces anticorrupción y al exministro de Justicia Iván Lima; en Colombia la medida golpeó a la senadora oficialista Martha Peralta Epieyú y al poderoso empresario Euclides Torres; mientras que en Perú fue afectado el juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos.
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Las autoridades estadounidenses fundamentaron la decisión señalando que no tolerarán a funcionarios que soliciten o acepten sobornos para facilitar las operaciones del narcoterrorismo o blindar a criminales violentos.
Si bien la declaración formal no incluyó nombres de ciudadanos paraguayos en esta nómina inicial, la advertencia resuena con fuerza de trueno en las pasarelas del poder en Asunción. Paraguay es socio fundador del bloque “Escudo de las Américas”, iniciativa a la que el presidente Santiago Peña se adhirió de manera entusiasta para combatir el crimen organizado y los carteles transnacionales.
Sin embargo, nuestro país cuenta con una larga lista de políticos, legisladores y exautoridades de primera línea que ya fueron declarados “significativamente corruptos” o sancionados financieramente por Washington en los últimos años, muchos de los cuales continúan manejando hilos de poder e impunidad en el Congreso y en el sistema judicial.
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Al establecer que la restricción de visados es un “mecanismo duradero que permite actuar con rapidez a medida que se recaban pruebas”, el Departamento de Estado dejó la puerta abierta para ampliar las listas negras en cualquier momento, conforme avancen las investigaciones coordinadas entre agencias internacionales.