En conversación con ABC Color, el economista Wildo González analizó el último reporte de Fitch Ratings sobre Paraguay, en el que la calificadora decidió mantener la nota soberana del país en BB+. Según el analista, los problemas institucionales señalados por la agencia persisten desde hace años y, hasta ahora, hubo pocos esfuerzos concretos para corregirlos.
A pesar de eso, considera que hasta ahora no actuaron como una barrera directa para el crecimiento ni deberían alterar de manera significativa las proyecciones de mediano plazo de organismos multilaterales.
Lea más: Peña habla de seguridad jurídica, pero se niega a responder sobre Atome y Hernán Rivas
Debilidad institucional: hoy frena la calificación de Paraguay
Dijo que el efecto más claro aparece en la nota crediticia. Según explicó, dentro del modelo de Fitch Ratings tienen mucho peso los indicadores de gobernanza del Banco Mundial (BM), en los cuales Paraguay se encuentra en el percentil 39.
Refirió que el buen manejo macroeconómico permite mejorar el resultado del modelo, pero no alcanza para dar el siguiente paso. “Para llegar al grado de inversión, Fitch pide explícitamente mejoras sostenidas en gobernanza y en el control de la corrupción”, afirmó González.
A su criterio, la calidad institucional tendrá un peso mayor cuando Paraguay alcance una etapa superior de desarrollo. También señaló que las falencias actuales pueden contribuir a que el crecimiento económico tenga más variaciones de las deseables.
¿Por qué las reglas poco claras elevan el costo para los inversores?
En esa línea, el economista diferenció los problemas que enfrentan algunos grandes proyectos privados. En el caso de Paracel, atribuyó la incertidumbre principalmente a sus necesidades adicionales de capital en un escenario internacional de tasas altas.
Explicó que una tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años superior al 5% dificulta el acceso al financiamiento internacional para proyectos que necesitan captar recursos.
Distinto es, según González, el conflicto entre el Gobierno y Atome por el precio de la electricidad. Allí identifica una falla institucional asociada a la organización del sector eléctrico y al rol de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). “La ANDE es el proveedor, y es complicado que sea al mismo tiempo proveedor y regulador”, señaló.
El problema para una empresa aparece cuando las condiciones que sustentaron una inversión pueden cambiar una vez que el proyecto ya está en marcha. “Si las reglas de precio o de regulación pueden cambiar en medio de un proyecto, el inversor exige más retorno o simplemente no invierte”, advirtió.
Lea más: Benigno López: calificadoras no miran solo la macro, también si sus instituciones son confiables
Regla fiscal: González plantea cambios en el esquema actual
Sobre la acumulación de compromisos con proveedores por alrededor de US$ 1.300 millones y la nueva postergación de la convergencia fiscal, González distingue dos problemas: el diseño de la regla fiscal y la gestión del gasto público.
Considera que la regla vigente sirvió para iniciar un sistema de límites fiscales, pero entiende que necesita una actualización acorde con la etapa actual de la economía paraguaya. Entre los cambios, plantea excluir la inversión pública del cálculo.
Su argumento es que el ajuste fiscal tuvo un fuerte efecto sobre la inversión pública, algo que puede perjudicar el crecimiento potencial de un país con una amplia brecha de infraestructura.
También plantea observar experiencias internacionales y sumar instrumentos que hoy Paraguay no posee, entre ellos un consejo fiscal autónomo y, como posibilidad, un fondo soberano que permita disponer de recursos ante determinados shocks económicos.
Pago a proveedores y credibilidad fiscal
El caso de las obligaciones con proveedores, en cambio, González dijo que responde a un problema de gestión. “Los atrasos con proveedores, cercano a US$ 1.300 millones (2% del PIB), corresponden a compromisos que el propio MEF no autorizó, y eso no se arregla cambiando la regla, sino con un mejor control de los compromisos de gasto”, sostuvo.
En cuanto a la pérdida de credibilidad fiscal dijo que tiene efectos concretos. El economista citó tasas más altas para financiar el déficit, mayores dificultades para obtener el tercer grado de inversión y menor capacidad de respuesta ante un shock. Por ese motivo, considera necesario cumplir la convergencia fiscal prevista para 2028.
Tercer grado de inversión suma, pero no define por sí solo nuevas inversiones
Para González, conseguir la tercera nota es positivo, aunque no constituye el factor que define la llegada de inversiones de largo plazo. “Con Moody’s (Baa3) y S&P (BBB-) ya en grado de inversión, Paraguay cuenta como grado de inversión para muchos índices y mandatos de inversión que usan la calificación del medio. El tercer grado de inversión suma, pero el salto grande ya se dio”, explicó.
A su criterio, la señal de mayor peso para un inversor internacional sería la concreción de reformas que Paraguay postergó en varias ocasiones. Entre ellas ubica cambios adicionales en la Caja Fiscal y una reforma del Instituto de Previsión Social (IPS) que permita construir un sistema de pensiones con mayor capacidad para incorporar a trabajadores que hoy tienen incentivos para permanecer en la informalidad.
También menciona una reforma del sistema de salud, con integración entre el IPS y el Ministerio de Salud, además de cambios en educación que eleven la disponibilidad de trabajadores con los conocimientos que requieren los nuevos proyectos de inversión.
¿Puede el 4% convertirse en un techo para el crecimiento de Paraguay?
Fitch Ratings prevé una moderación del crecimiento económico desde 4,5% en 2026 hacia tasas próximas al 4%. González considera comprensible ese escenario por las condiciones externas, entre ellas los altos precios de los combustibles, las tasas internacionales elevadas y las restricciones que afectan al comercio mundial.
Sin embargo, observa un riesgo adicional dentro del país: el aumento de la incertidumbre asociada a las tensiones políticas internas. “Si no se resuelven de manera ordenada, pueden afectar fuertemente el desempeño de la economía, y en ese caso no descartaría un crecimiento por debajo de 4% en los próximos años, o incluso menor a 3%”, concluyó.
Lea más: Peña sobre Fitch y postergación del grado de inversión: “Las calificadoras se toman su tiempo”