Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos no solo decidirán quién ocupará los escaños del Congreso y las gubernaturas que estarán en juego en noviembre. En varios Estados, los votantes también encontrarán en sus boletas propuestas que buscan modificar leyes, aprobar cambios fiscales o incorporar nuevas disposiciones a las constituciones estatales.
Estas consultas permiten que determinadas decisiones de política pública sean votadas directamente en las urnas, ya sea por iniciativa de las legislaturas estatales o mediante procesos impulsados por ciudadanos. Desde las reglas para votar hasta los impuestos, la vivienda, la inmigración, los derechos reproductivos, estas son algunas de las iniciativas más relevantes que los votantes deberán considerar en las midterms.
California, entre el voto con identificación y los impuestos a los ricos
California votará catorce propuestas. Cinco las ha incluido la Legislatura, y nueve proceden de iniciativas ciudadanas.
La más disputada es la Proposición 39, que obligaría a presentar un documento oficial de identidad para votar en persona y a anotar los últimos cuatro dígitos de uno de ellos en las boletas enviadas por correo. La iniciativa prevé también tarjetas de identificación gratuitas e informes anuales sobre el porcentaje de votantes con ciudadanía verificada en cada condado. Hoy el Estado exige identificación y número de la Seguridad Social para inscribirse en el censo electoral, pero no en el colegio electoral. La medida cuenta con la oposición de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Common Cause, la Liga de Mujeres Votantes y el Partido Demócrata de California.
El otro gran frente es el fiscal. La Proposición 3 haría permanente el gravamen sobre los ingresos altos aprobado en 2012 y prorrogado en 2016, con un 89% de lo recaudado para escuelas públicas y un 11% para los colegios comunitarios. La 40, mejor conocida como la propuesta del impuesto a los millonarios, impondría un impuesto único de hasta el 5% a quienes posean activos por encima de los 1.000 millones de dólares.
La vivienda ocupa otro bloque. La Proposición 1 autoriza un bono para vivienda asequible y de veteranos, con un coste anual para las arcas públicas de entre 500 y 600 millones de dólares durante unos 25 años, según la oficina de análisis legislativo. La 37 crearía préstamos para compradores de ingresos medios de viviendas de nueva construcción, y la 45 aceleraría la revisión ambiental de proyectos de vivienda, agua, transporte y energía limpia.
Florida: Save our Homes
En Florida, los votantes deben pronunciarse sobre tres enmiendas, todas impulsadas por la Legislatura, que necesitan el 60% de los votos para prosperar.
Una de ellas, denominada Save Our Homes (Salven nuestros hogares), es la más controvertida: busca aumentar sustancialmente las exenciones fiscales para viviendas principales y reducir a la mitad el límite de aumento anual en la evaluación de propiedades no residenciales. Es controversial porque, mientras sus defensores aseguran que brindará un alivio económico masivo y necesario frente a la inflación, los críticos y agencias de seguridad advierten que la medida provocará un grave desabasto en los presupuestos locales, poniendo en riesgo la financiación de servicios públicos esenciales como la policía, los bomberos y la educación.
La inmigración se cuela en las papeletas
El American Immigration Council, organización que defiende los derechos de los inmigrantes, sigue nueve medidas estatales que afectan a estas comunidades. La mayoría tienen que ver con quién puede votar.
Arkansas, Kansas, Dakota del Sur y Virginia Occidental someterán a referéndum enmiendas que especifican que solo los ciudadanos pueden hacerlo; Alaska y Arizona plantean iniciativas similares, y la de Arizona añade la exigencia de identificación y la prohibición de aportaciones extranjeras a las campañas. Hay precedentes recientes: en 2024, ocho estados aprobaron medidas de este tipo. Sus defensores las presentan como una cuestión de sentido común; sus detractores recuerdan que la ley federal ya prohíbe votar a los no ciudadanos y que, según los datos disponibles, los casos son extremadamente raros.
Otra de las más importantes es la Enmienda 81 de Colorado, que obligaría a la policía local a notificar al Departamento de Seguridad Nacional, en un plazo de 72 horas, la imputación por determinados delitos de una persona que no esté legalmente en el país o cuya situación no pueda determinarse. Sus detractores sostienen que alcanzaría a personas acusadas pero aún no condenadas, y que afectaría incluso a quien, con un delito grave previo, fuera imputado por una infracción menor, como una de tráfico.
Idaho, por su parte, votará una enmienda para consagrar el inglés como idioma oficial en su Constitución. De aprobarse, y salvo que lo exija la ley federal, sería la única lengua de los procedimientos y documentos públicos del Estado, lo que afectaría a comunidades de hispanohablantes.
Otras iniciativas
En Misuri, la Enmienda 3 propone una prohibición casi total del aborto, con excepciones en casos de violación, incesto y urgencia médica, y blindaría en la Constitución el veto a la atención de afirmación de género para menores. Sería la primera vez que los electores deciden si derogan un derecho al aborto que ellos mismos aprobaron en las urnas. El Estado celebrará además un referéndum sobre el mapa electoral del Congreso, aunque el Tribunal Supremo estatal ordenó utilizar el de 2022 en estos comicios.
Virginia consultará sobre la libertad reproductiva, la eliminación de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y la restitución del derecho al voto tras cumplir una condena. Por otra parte, Nevada volverá a votar su enmienda sobre el aborto, para garantizarlo como derecho fundamental.