La abogada Alejandra Peralta Merlo anunció la presentación de un pedido formal de informe sobre los gastos de la delegación paraguaya en Ginebra. Esta comitiva estatal estuvo compuesta por 16 representantes gubernamentales que viajaron a Suiza para exponer sobre discriminación hacia las mujeres. La letrada exige conocer el destino exacto del dinero público y el papel que cumplió cada miembro participante.
La iniciativa busca transparentar el cobro de viáticos y la justificación técnica de la numerosa presencia oficial paraguaya ante el organismo internacional. “Fueron dieciséis personas cuando bien podían haberse ido dos o tres. Era más que suficiente y, más aún, si iban a leer”, aseveró la profesional en declaraciones a El Observador Radio-TV. Por ello, verificará los registros oficiales de intervención oral.
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En ese sentido, Peralta adelantó que solicitará los documentos la próxima semana para constatar quiénes hablaron y quiénes se mantuvieron en silencio. El reclamo apunta a auditar las presentaciones individuales de los delegados estatales acreditados. Asimismo, la jurista criticó que el Estado paraguayo asuma costos de traslados masivos que no se corresponden con una representación eficiente y austera.
🟩Piden saber cuánto gastó y qué hizo cada autoridad que viajó a Ginebra para cumbre
🟩Un informe detallado sobre los viáticos recibidos y la participación que tuvo cada uno de los 16 miembros de la delegación paraguaya que viajó a Ginebra a exponer sobre discriminación de la mujer, será solicitado por la abogada Alejandra Peralta Merlo. En la comitiva estuvieron incluidas la ministra de la Corte, Carolina Llanes y la directora de Género del Poder Judicial, Silvia López Safi; el defensor general, Javier Esquivel; el titular del TSJE, Jorge Bogarín, entre otros. “Podían haberse ido dos o tres, era más que suficiente y, más aún, si iban a leer informes”, enfatizó. Añadió que lo que más indignó es que la comitiva, también integraron dos diputadas, Rocío Abed y Jazmín Narváez, que abogaron por el cambio de nombre de la comisión de Equidad y Género, la desfinanciación del Ministerio de la Mujer y el no tratamiento de las leyes de paridad.
https://t.co/7sC9Gz54D8— El Observador (@observapy) October 17, 2026
Cuestionamientos a las diputadas en la delegación paraguaya en Ginebra
La controversia escaló al confirmarse la inclusión de las diputadas de la ANR Rocío Abed y Jazmín Narváez dentro del grupo viajero. Ambas legisladoras promovieron anteriormente el cambio de nombre de la comisión de Equidad y Género en la Cámara Baja. También impulsaron la desfinanciación del Ministerio de la Mujer y rechazaron dar tratamiento parlamentario a los proyectos de paridad.
Frente a estos antecedentes, Peralta expresó serios reparos sobre la idoneidad y coherencia del discurso oficial presentado ante los organismos internacionales. “¿Qué pueden decir sobre la protección de derechos hacia las mujeres en casos de violencia de género?”, cuestionó con dureza la profesional. La crítica ciudadana apunta de forma directa a la contradicción entre las posturas legislativas locales y la defensa exterior.
La comitiva integró además a la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, y al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Junto a ellos viajaron el titular del TSJE, Jorge Bogarín, la ministra de la Corte Carolina Llanes y el ministro de la Defensa Pública, Javier Esquivel. La lista de autoridades principales se completó con la viceministra de la Niñez, Verónica Argüello.
Directores institucionales y denuncias por falta de austeridad
A este grupo de autoridades jerárquicas se sumaron directores de diversas instituciones estatales vinculadas a la temática de los derechos femeninos. Viajaron Rossana Melgarejo por Diputados, Patricia Luchin por Trabajo y Rafael Escobar por Justicia. También integraron la delegación Natalia Moreno, Mirtha Benítez y Amalia Franco por Relaciones Exteriores, Félix Giménez por la Mujer y Silvia López Safi por la Corte.
Por último, Peralta remarcó que semejante despliegue resulta inadmisible cuando desde el Poder Ejecutivo se reitera una política de “economía de guerra”. La abogada comparó la intervención con una precaria exposición académica donde todos buscan leer un texto solo para justificar su calificación pública. En consecuencia, advirtió que estas conductas atentan directamente contra las finanzas públicas y dañan la seriedad institucional de la República.
Fuente: Observador