A través de un comunicado, los cinco integrantes de la bancada de Colorado Añeteté en la Cámara de Diputados manifestaron su respaldo al juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Señalaron que la independencia del Ministerio Público no significa que su máxima autoridad esté exenta de rendir cuentas por su gestión.
“Consideramos que la independencia del Ministerio Público no significa ausencia de responsabilidad ni exime a su máxima autoridad de rendir cuentas por el desempeño de sus funciones”, expresa el pronunciamiento.
Los legisladores sostuvieron que la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de defender la legalidad, proteger los intereses de la sociedad y garantizar investigaciones objetivas, eficaces e independientes.
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“La Fiscalía General del Estado tiene la obligación constitucional de defender la legalidad, proteger los intereses de la sociedad y garantizar una investigación objetiva, eficaz e independiente, sin privilegios ni distinciones”, señala otro fragmento del comunicado.
Añeteté en Diputados cuestiona la gestión del Ministerio Público
Asimismo, la bancada afirmó que su posicionamiento no responde a intereses políticos, sino al compromiso de exigir responsabilidad institucional y transparencia en el ejercicio del poder público. El documento concluye con una advertencia: “Nadie está por encima de la Constitución ni de las instituciones de la República”.
La bancada de Colorado Añeteté en la Cámara de Diputados está integrada por Daniel Centurión, Mauricio Espínola, Roberto González, Luis González Vaesken y Juan Ramón Maciel Merlo.
El pronunciamiento representa un respaldo al avance del juicio político, en un escenario en el que la oposición busca reunir los votos necesarios para impulsar la destitución de Rolón. No obstante, la mayoría que tiene la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la Cámara Baja convierte en determinante la postura del oficialismo.
Oficialismo aún no define su postura
El diputado oficialista Yamil Esgaib (ANR) manifestó este martes, en conversación con ABC Cardinal, que la bancada oficialista todavía no llegó a una “decisión final” sobre su postura respecto al juicio político al fiscal general.
Esgaib explicó que el sector mantuvo una reunión el lunes, pero que todavía no consiguió definir una posición institucional. Sin embargo, dijo creer que existe “un movimiento fuerte” dentro del oficialismo, tanto en Diputados como en la Cámara de Senadores, a favor de la destitución de Rolón.
Mientras tanto, la oposición avanza con la preparación del libelo acusatorio. La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), confirmó que el documento ya cuenta con 20 firmas y que será presentado formalmente durante la mañana de este martes en la Cámara de Diputados.
La legisladora sostiene que el fiscal general incurrió en reiteradas omisiones e inacciones en investigaciones de alto impacto, argumentos que forman parte de los cuestionamientos contra su gestión.
Las denuncias que sustentan el pedido de juicio político
Entre los principales cuestionamientos figura la actuación del Ministerio Público ante la crisis financiera vinculada al Banco Central del Paraguay (BCP) y Ueno Bank. Vallejo denunció que la Fiscalía mantuvo durante más de un año sin avances las denuncias presentadas por legisladores y por Luz Candado.
Según la parlamentaria, una intervención oportuna habría evitado el desfalco que perjudicó tanto a las arcas del Estado como a los ahorristas. También cuestionó la demora en los allanamientos y sostuvo que esa tardanza habría permitido a los implicados ocultar bienes, dinero y documentos relevantes para la investigación.
Otro de los puntos señalados por Vallejo es la supuesta exigencia del Ministerio Público a Luz Candado de firmar un documento, sin entregarle una copia, que le prohibiría hablar con los medios de comunicación. La diputada calificó el hecho como una forma de censura y atribuyó la medida a una supuesta orden del fiscal general.
La legisladora también cuestionó la falta de imputación al exministro Carlos Fernández Valdovinos y a otros administradores públicos que habrían continuado depositando fondos millonarios en la entidad financiera.
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Municipalidad de Asunción, IPS y Petropar
A la lista de cuestionamientos sumó otras causas, como el supuesto desvío de G. 500.000 millones en la Municipalidad de Asunción, denuncias de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), una desestimación en una investigación vinculada a Petropar y presuntos cambios de fiscales en una causa sobre pornografía infantil.
En paralelo al pedido de juicio político, Vallejo informó que presentó ante la Contraloría una solicitud de fiscalización especial inmediata de los G. 2.500 millones asignados a gastos reservados de la Fiscalía durante 2025.
