La ausencia masiva de concejales frenó el debate sobre la cuestionada reestructuración de deuda impulsada por la Intendencia.
La Junta Municipal de Asunción no sesionó este miércoles por falta de quórum reglamentario, en medio del feriado largo por las fiestas patrias y el Día de la Madre. La ausencia de concejales evitó el tratamiento del cuestionado acuerdo de pago impulsado por el intendente Luis Bello (ANR-HC) con los bonistas municipales.
El tema debía ser debatido en sesión ordinaria, pero solo 12 de los 24 concejales estuvieron presentes en sala. El presidente de la Junta, Arturo Almirón (ANR-disidente), levantó la sesión a las 9:35 al no alcanzarse el mínimo de 13 ediles requerido para iniciar oficialmente la reunión.
Entre los presentes estuvieron los cartistas Juan Carlos Ozorio, Nasser Esgaib, Miguel Sosa Sosa, René Calonga y Karina Acuña. También asistieron los disidentes Jesús Lara, Juan José Arnold y Arturo Almirón. Por la oposición estuvieron Augusto Wagner, Ramón Ortiz, Humberto Blasco y Paulina Serrano.
Oposición rechaza el acuerdo con bonistas
La ausencia masiva impidió tratar el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el acuerdo presentado por el Ejecutivo municipal. La oposición sostiene que el documento enviado por la Intendencia no representa un acuerdo, sino una intimación de pago favorable a los acreedores.
El concejal Humberto Blasco (PLRA) cuestionó duramente la propuesta y afirmó que las condiciones son “matemáticamente imposibles” de cumplir. Según indicó, el plan pretende acumular deudas de varios ejercicios en 2027, pese a que el balance municipal ya evidencia falta de capacidad financiera.
Leé también: Junta rechaza balance de Nenecho y Bello
Blasco también criticó las penalidades previstas en el documento. Señaló que los bonistas pretenden aplicar intereses punitorios del 24% anual en caso de incumplimiento, además del 17% de interés corriente que ya paga actualmente la Municipalidad de Asunción.
Advierten riesgo financiero para la Municipalidad
La Comisión de Hacienda recomendó únicamente “tomar nota” del documento remitido por la Intendencia y devolver los antecedentes sin aprobar formalmente el acuerdo. El dictamen sostiene que la contratación de deudas es una atribución exclusiva del Ejecutivo municipal.
Los cuestionamientos también apuntan a la reestructuración planteada por los acreedores, que trasladaría pagos previstos para 2026 hasta marzo de 2027. Según la oposición, esto generaría una acumulación de deuda cercana a G. 208.891 millones y pondría en riesgo las finanzas de la próxima administración.
La crisis financiera municipal también arrastra consecuencias de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, bajo cuya administración se emitieron los bonos G6, G7, G8 y G9. El interventor Carlos Pereira documentó el supuesto desvío de G. 512.000 millones provenientes de bonos destinados originalmente a obras de infraestructura.
Fuente: ABC Color