Las autoridades de Irán han ejecutado este lunes a un hombre acusado de colaborar con Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero, según ha informado el portal Mizan, del Poder Judicial iraní. El ejecutado, identificado como Ali Fahim, ha sido ahorcado tras ser condenado por el Tribunal Supremo por su implicación en unos disturbios en los que murieron miles de manifestantes a manos del régimen.
Fahim estaba acusado de perpetrar “actos terroristas” contra centros militares con el objetivo de obtener armamento para los manifestantes y para quienes las autoridades describieron como “enemigos del país” en la ola de protestas contra el Gobierno.
Las autoridades iraníes argumentan que aquellos actos se produjeron en un momento “especialmente delicado para el país”, en plena “amenaza [entonces] de ataque militar por parte de Estados Unidos e Israel”. El acusado, sostienen, “socavó la seguridad nacional y la de los ciudadanos”, siendo sus actividades un “pretexto para la agresión militar del enemigo estadounidense-sionista”.
Tras revisar el caso y escuchar los argumentos del acusado y de su defensa, el tribunal concluyó que Fahim actuó con “intencionalidad” y era “consciente de las consecuencias de sus actos”. La sentencia incluyó además la confiscación de sus bienes.
La de Ali Fahim es la última ejecución vinculada con las protestas que estallaron en Irán a finales de diciembre para denunciar el aumento en el coste de la vida. Después cristalizaron en manifestaciones multitudinarias contra el régimen.
El pasado sábado el régimen ejecutó a otros dos presos políticos por su supuesta afiliación a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI/MEK), una formación opositora prohibida en el país. Con estas muertes, al menos siete presos políticos han sido ejecutados en los últimos seis días, entre el 30 de marzo y el 4 de abril, entre ellos un joven de 18 años. Según la ONG Amnistía Internacional, una persona más está a punto de ser ejecutada en los próximos días.
Estas ejecuciones se suman a las muertes causadas por la represión que las autoridades iraníes aplicaron para tratar de sofocar las protestas. Aunque las cifras oficiales apuntan a 3.117 muertos, varias organizaciones independientes aseguran que esa cifra oscila entre los 4.000 y 6.500 casos documentados. Se investigan decenas de miles más, lo que elevaría el dato a entre 20.000 y 30.000 fallecidos.