Corría el año 2021 cuando Dinamarca saltó a la palestra informativa al aprobar una ley que permitiría enviar a terceros países fuera de la UE a las personas que hubieran pedido asilo en su territorio. La norma, que contemplaba incluso abrir centros de detención, no fructificó, pero supuso poco menos que un escándalo político porque muchos juristas y organizaciones consideraron que traspasaba líneas rojas jurídicas y políticas y podía poner en riesgo derechos reconocidos internacionalmente. Después llegó el Reino Unido con un plan de deportaciones a Ruanda impulsado por Rishi Sunak e Italia dio un paso más al abrir un centro de detención en Albania al que incluso llegó a enviar a un grupo de solicitantes de asilo.
Ninguno de estos experimentos europeos ha logrado consolidarse hasta ahora, pero no porque sus detractores los hayan detenido. Con estos precedentes, en 2026 el debate europeo ya no versa sobre si estos modelos deberían existir, sino sobre cómo ponerlos en marcha y hacerlos triunfar.
Desde que el Pacto de Migración y Asilo de la UE comenzó a gestarse en 2020, Europa ha ido desplazando progresivamente sus líneas rojas en materia migratoria.
Pero ha sido sobre todo este lunes, con la aprobación de un nuevo reglamento de retornos acordado entre Comisión, Consejo y Parlamento, cuando ese giro político se ha hecho evidente: la Unión Europea ha convertido en política de primera línea una idea que hasta hace poco muchos gobiernos rechazaban por el riesgo de vulnerar derechos fundamentales. Una idea, además, que cuando se ha intentado llevar a la práctica ha tropezado con obstáculos jurídicos y logísticos, costes elevados y resultados cuestionables.
Y, sin embargo, el nuevo reglamento de retornos abre la puerta a que los Estados miembros envíen a personas sujetas a devolución a terceros países con los que existan acuerdos, aunque no sean sus lugares de origen. También contempla la posibilidad de crear centros de detención destinados a retener a personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada.
Este cambio de mentalidad responde, en parte, a una transformación profunda del panorama político europeo, opina Birgit Sippel, eurodiputada socialdemócrata alemana. “Tenemos nuevas mayorías políticas, una derecha más dura y una extrema derecha más fuerte”, explica.
Para Sippel, Europa no está reaccionando tanto “a los hechos como a debates políticos alrededor de la migración”. Coincide parcialmente Gerald Knaus, uno de los arquitectos intelectuales del acuerdo migratorio entre Bruselas y Ankara en 2016, con el que la UE intentó reducir las llegadas irregulares externalizando parte de la gestión migratoria hacia Turquía: “Hace cinco o diez años esto era mucho más controvertido. Ahora existe un consenso muy amplio entre gobiernos muy distintos”, señala.
No es un secreto que las formaciones de derecha y extrema derecha han utilizado la migración como herramienta electoral durante años, y con éxito: en septiembre de 2025, los ultras ya participaban en ocho de los 27 gobiernos de la Unión Europea —prácticamente uno de cada tres—, ya sea liderándolos o formando parte de coaliciones de gobierno. Parte de ese ascenso se explica precisamente por su capacidad para convertir la inmigración y el control fronterizo en uno de los grandes campos de batalla políticos. Estrella Galán, eurodiputada española de La Izquierda, lo percibe a diario. “La derecha está comprando los eslóganes de la ultraderecha”, sostiene. “Estamos viendo cómo propuestas antes marginales entran en acuerdos institucionales”, agrega.
Cuando Sippel afirma que Europa no está reaccionando tanto a los hechos como a los símbolos políticos, los datos le dan la razón. Paradójicamente, el proceso de endurecimiento de las políticas migratorias está culminando cuando las llegadas irregulares descienden. Es una tendencia a la baja que comenzó a percibirse en 2024 y que llega hasta hoy: solo en los cuatro primeros meses de 2026 Frontex contabilizó un 40% menos de intentos de entrada irregular que en el mismo periodo del año anterior.
Buena parte de esta reducción se explica menos por el nuevo Pacto de Migración y Asilo —a punto de entrar en fase de implementación— que por acuerdos previos con terceros países como Libia, Túnez, Mauritania y Marruecos, por el endurecimiento de controles en rutas clave —la UE prevé destinar más de 5.000 millones de euros a migración y gestión de fronteras en 2026— y por los cambios geopolíticos de los últimos años. Por ejemplo, la caída del régimen de Bachar el Asad en Siria ha provocado una reducción significativa de solicitudes de asilo de nacionales de ese país, uno de los principales grupos de solicitantes en Europa.
Los precedentes
Dinamarca ya defendía desde hace años que Europa necesitaba herramientas nuevas para desincentivar la migración irregular y forzar los retornos, y para ello aprobó aquella polémica ley. La prensa danesa llegó a mencionar Ruanda como posible socio, pero pasar de la teoría a la práctica fue un escollo insuperable porque había demasiados interrogantes: qué países se podrían considerar seguros, cómo se podría garantizar una protección efectiva o qué incentivos habría que ofrecer a esos países para que accedieran a recibir solicitantes de asilo. Galán cree que ahí reside la explicación política: “Lo que vemos es que propuestas que hace pocos años parecían marginales ahora forman parte del centro del debate”.
Los segundos en intentarlo fueron los británicos. En este caso, Sunak sacó adelante la norma que permitiría enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, pero acabó siendo declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2023, por las enormes dudas que pesaban sobre la seguridad de los deportados. El Gobierno aprobó una nueva ley en abril de 2024 para intentar salvarla, y casi lo consigue, pero el nuevo Ejecutivo laborista canceló el programa.
La tercera intentona fue la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y su centro de internamiento en Gjadër, en Albania. Este experimento también tropezó rápidamente con obstáculos que pusieron en duda su viabilidad. El estreno fue un fiasco: Italia gastó entre 250.000 y 290.000 euros —unos 18.000 euros por migrante— para trasladar a solo 16 personas. que al final fueron devueltas por orden de un juez italiano. La razón principal: muchos procedían de países como Bangladés y Egipto, cuya consideración como “países seguros” quedó cuestionada en varias decisiones judiciales europeas e italianas, haciendo inviable que se les pudiera aplicar el procedimiento acelerado que Roma pretendía utilizar en territorio albanés. Esto también ha cambiado porque en febrero la UE adoptó formalmente la primera lista de países de origen seguro, es decir, a donde sí se pueden devolver solicitantes de asilo porque no se considera que corran peligro. En ella figuran Egipto, Colombia y Bangladés.
No obstante, esta iniciativa está lejos de morir. Meloni ha formulado algunos cambios normativos y ahora, con el nuevo reglamento de retorno aprobado, Italia y cualquier país de la UE tendrán una base legal común para avanzar hacia modelos como el albanés que hasta ahora solo habían sido explorados en solitario. Si el centro de Gjadër fue concebido para retener migrantes mientras se tramitaba su solicitud de asilo, la aprobación del reglamento ha hecho emerger la idea de convertirlo en un centro de retorno para internar a personas pendientes de una orden de expulsión. “Lo preocupante es que proyectos que parecían excepcionales se conviertan en precedentes”, subraya Galán.
El único caso que ha funcionado se encuentra en Australia. Hace más de dos décadas comenzó a enviar a demandantes de asilo a centros offshore en Nauru o Papúa Nueva Guinea y logró reducir drásticamente las llegadas irregulares, pero a un alto precio: miles de millones gastados, años de litigios y una cascada de denuncias relacionadas con abusos.
Limitaciones
La prueba de que el fenómeno migratorio lleva años obsesionando a Bruselas está en la cantidad de miles de millones que los Veintisiete llevan años gastando en políticas de expulsión. Un análisis reciente de los investigadores Umutcan Yüksel y Amanda Bisong recuerda que los resultados han sido limitados y que el aumento del gasto no siempre se ha traducido en mayores tasas de retorno.
Incluso quienes defienden parcialmente las políticas de retorno reconocen limitaciones. Knaus es particularmente escéptico con los centros de retorno. “No veo el gran beneficio. Si ahora no conseguimos devolver a determinadas personas a sus países de origen, ¿por qué sería más fácil enviarlas a países que ni siquiera son los suyos? No veo cómo esto detendrá la migración irregular”, plantea en base a una realidad: hoy en día, la UE solo consigue devolver efectivamente a su país al 28% de los migrantes con orden de expulsión. A su juicio, lo valioso del reglamento está en las posibilidades que abre: “Ahora los Estados miembros podrán intentar acuerdos que antes no eran posibles”, sostiene, y argumenta que medidas de este tipo pueden contribuir a reducir rutas irregulares peligrosas.
Mientras tanto, algunos gobiernos europeos ya exploran respuestas. Países Bajos anunció que empezará a estudiar activamente fórmulas para tramitar solicitudes de asilo fuera de Europa y desarrollar proyectos piloto con otros socios europeos. Dinamarca, Austria, Alemania y otros países estudian fórmulas parecidas.
Pero transformar ideas políticas en acuerdos concretos sigue siendo mucho más complicado. “La pieza que falta es la diplomacia migratoria”, resume Sippel. “Puedes aprobar legislación europea, pero eso no garantiza una cooperación con terceros países”, zanja.