15 de julio de 2026 a la – 16:33
ALBERDI. Familiares, amigos y vecinos volverán a movilizarse en la tarde de este miércoles frente a la sede del Ministerio Público para reclamar el esclarecimiento de la muerte de Nahuel Cáceres Sosa. El joven falleció baleado durante un procedimiento policial ocurrido el pasado domingo sobre la ruta PY19.
La convocatoria busca mantener el pedido de justicia mientras avanza la investigación judicial del hecho que conmocionó a la comunidad de Alberdi, departamento de Ñeembucú.
La movilización es impulsada por la madre del joven, junto con amigos y pobladores de la comunidad de Sanjita, del distrito de Villa Oliva, de donde era oriundo Nahuel.
Los organizadores esperan una importante participación de ciudadanos de Alberdi, Villa Oliva y localidades cercanas.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 del domingo, en el kilómetro 80 de la ruta PY19, entre Alberdi y Villa Oliva.
De acuerdo con la versión oficial de la Policía Nacional, el joven estaba al mando de un automóvil Toyota Allion blanco cuando supuestamente atropelló una barrera policial, lo que dio inicio a una persecución.
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Los intervinientes indicaron que el vehículo no acató la orden de detenerse y aceleró la marcha, circunstancia en la que realizaron disparos que impactaron en el vehículo y en la humanidad de la víctima.
Sin embargo, las pericias realizadas por Criminalística revelaron que el automóvil recibió cerca de 30 impactos de bala.
Uno de los proyectiles alcanzó a Nahuel Cáceres Sosa en la cabeza, provocándole la muerte.
El caso generó una profunda conmoción en Alberdi, Villa Oliva y especialmente en la comunidad de Sanjita, donde familiares, amigos y vecinos insisten en que se esclarezcan las circunstancias del procedimiento y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Imputados
En el marco de la investigación, durante la mañana de este martes prestaron declaración los ocho policías del Grupo Táctico involucrados en el operativo.
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Todos fueron imputados por el Ministerio Público y se aguarda la resolución del juez interino Óscar Cardozo, quien deberá definir las medidas cautelares que recaerán sobre los agentes, incluyendo si permanecerán privados de libertad y el lugar donde cumplirán la eventual reclusión mientras prosigue el proceso judicial.