22 de septiembre de 2026 a la – 19:45
El abogado en Derechos Humanos Orlando Castillo apuntó que el caso del exgobernador Hugo Javier González demuestra que existe un “régimen de autoadministración” dentro de las cárceles por parte de las personas privadas de libertad. Al respecto sostuvo que los incumplimientos del Estado pueden derivar en problemas de salud pública e incluso condenas internacionales.
El caso del exgobernador de Central Hugo Javier González, quien permanece internado tras sufrir un episodio durante su reclusión, demuestra una realidad dentro del sistema penitenciario nacional, según el abogado experto en Derechos Humanos, Orlando Castillo.
A criterio del profesional, las cárceles operan bajo un “régimen de autoadministración” por parte de los propios reclusos, una situación que sería reconocida y hasta “tolerada” por directivos o autoridades penitenciarias.
De igual manera, reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad, por lo que esta responsabilidad implica dos aspectos principales: no infligir castigos y evitar que terceros o grupos internos cometan agresiones contra los reclusos.
Sin embargo, precisó que ante una ausencia de controles, se puede dar paso a un esquema conocido como “cárcel mercado”, donde, según citó, la vida humana no tendría valor y todo es comercializado. “Aquí hay cárcel mercado; todo tiene precio y nada tiene valor, lo que menos valor tiene es la vida”, apuntó.
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Circulación de dinero dentro de las cárceles
Otro punto que mencionó Castillo es que dentro de los penales, los internos deben desembolsar dinero para acceder a comida de calidad, disponer de camas o “comprar” celulares que generalmente son facilitados por los propios funcionarios. “5.000 es vital, 35.000 es mucho más vital todavía”, precisó en contacto con ABC AM 730.
Inclusive la atención médica requeriría algo similar; un pago de peajes internos para cruzar los portones, por lo que enfermedades como la tuberculosis “con ADN penitenciario” también pueden salir de las cárceles ante la falta de medicamentos y contactos con visitas, una situación que hasta podría derivarse en un problema de salud pública.
Entre otras irregularidades, también los grupos de crimen organizado pueden ampliarse dentro de las cárceles, más allá incluso de los más conocidos -Clan Rotela, PCC o Comando Vermelho-, ya que existirían entre nueve y diez grupos en disputa por una hegemonía.
Finalmente, el abogado recordó que el incumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también expone a Paraguay a condenas internacionales con indemnizaciones millonarias y reformas legislativas obligatorias.
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