Hoy, Paraguay no cuenta con una ley integral que regule o castigue toda forma de discriminación, y de esta manera es el único país en el Mercosur que prefiere mirar hacia otro lado cuando un ciudadano es discriminado o comete discriminación en su territorio.
Si bien, los extranjeros siempre destacan la hospitalidad del paraguayo no se puede negar que seguimos teniendo una sociedad conservadora que prefiere no “tocar los temas como casamiento igualitario, aborto o el racismo”. Es decir se resiste incluso a debatir sobre el tema.
El Artículo 46 de la Constitución Nacional establece la igualdad en dignidad y derechos. La realidad es muy diferente pues lejos está la “igualdad en dignidad y derechos”. Basta con recorrer un poco los hospitales públicos para darse cuenta que no existe igualdad entre sus habitantes, pues un grupo reducido de los amigos del poder cuenta con “seguro vip”, mientras el resto de la población mendiga por atención médica o medicación.
Celeste vs. Mbappé
El fuerte cruce en redes sociales entre la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y el futbolista Kylian Mbappé, que desencadenó en una serie de comunicados tanto de instituciones paraguayas como extranjeras, dejó al tapete un debate sobre la falta de una ley que castigue la discriminación en todas sus formas.
La Cancillería Nacional y varios parlamentarios cartistas, para intentar “golpear” a la legisladora opositora, rápidamente sacaron sendos comunicados “repudiando” los dichos de Celeste Amarilla, pero se mantuvieron callados por el menoscabo que varios futbolistas franceses hicieron hacia nuestros compatriotas.
Mientras que otro grupo de parlamentarios cuestionó la “doble moral” de los cartistas por cuestionar los dichos de Celeste Amarilla, pero seguir en contra de la aprobación de una ley que castigue todo tipo de discriminación.
Una ley contra la violencia en el deporte
En nuestro país, no hay una ley en específico que castigue todo tipo de discriminación; sin embargo, desde el 11 de junio del 2024 está vigente la Ley Nº 7269/24 “De Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte” en donde se penalizan expresamente los actos de racismo, xenofobia y discriminación en eventos deportivos.
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La ley prohíbe específicamente la elaboración, exhibición o introducción de pancartas y banderas con mensajes que inciten a la discriminación, así como la realización de actos o conductas que atenten contra la dignidad de las personas en los recintos deportivos. No habla sobre la discriminación en redes sociales o en la vía pública.
Es verdad, que existe esta ley, sin embargo, en las canchas todavía se corean himnos con tinte discriminatorio u ofensivo debido a la falta de control integral y las sanciones son casi nulas.
Por otro lado, también se tiene la Ley N° 6940/2022, que establece los procedimientos en Paraguay para “prevenir, sancionar y erradicar el racismo hacia la población afrodescendiente”.
Su normativa fue reglamentada en noviembre de 2024 mediante el Decreto N° 2915, el cual creó el Consejo Nacional de Afrodescendientes (CONAFRO), pero beneficia solo a dicho sector, dejando en total vulnerabilidad a otras minorías.

Proyectos discrimidados
1- El 24 de julio del 2007 los senadores; Carlos Filizzola (PPS) y Miguel Abdón Saguier (PLRA) presentaron el proyecto “contra toda forma de discriminación” que luego de estar encajonado por varios años en la Cámara Alta, fue archivado el 13 de noviembre del 2014.
2- Mientras que el 23 de noviembre del 2015 los senadores Blanca Fonseca (PLRA), Adolfo Ferreiro (Avanza País), Carlos Filizzola (FG) y Miguel A. Saguier (PLRA) junto a la Red Contra Toda Forma de Discriminación (RCTFD), presentaron un nuevo proyecto al que denominaron Ley “Julio Fretes” contra Toda Forma de Discriminación, que arbitra mecanismos de protección de las personas frente a cualquier acto discriminatorio.
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Este proyecto sigue en “trámite” desde entonces y el último dictamen fue el 15 de noviembre del 2016. El proyecto de ley busca reglamentar el artículo 46 de la Constitución Nacional.
3- El 19 de setiembre del 2018 ingresó también a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que “Modifica parcialmente el artículo 1 de la ley Nº 4614/12, que modifica los artículos 236 y 309 de la ley Nº1160/97 “ Código Penal” (Forma de discriminación), presentado por los diputados: Raúl Latorre (ANR) y los liberales: María López, Esmerita Sánchez, Roya Torres y Enrique Mineur.
Este proyecto sigue “en trámite” y el último dictamen data del 29 de mayo del 2023, en donde se recomienda el rechazo.
4- El 19 de abril del 2004 el senador Carlos Filizzola (PPS) presentó el proyecto de ley “que previene y elimina la discriminación”; sin embargo, el documento fue retirado.

Otras iniciativas
El 21 de julio del 2021, en plena pandemia el diputado Jorge Brítez (Independiente) presentó el proyecto de ley “De protección contra todo tipo de discriminación a las personas vacunadas, con vacunación incompleta o no vacunadas contra el virus SarsCov2- Covid- 19″. El documento tiene cinco dictámenes por el rechazo por lo que hasta la fecha sigue en trámite en la Cámara Baja.
Por último, en la Cámara de Senadores se aprobó el 24 de marzo del 2025 un proyecto de declaración “Que conmemora el día internacional de la eliminación de la discriminación racial” a instancias de los senadores colorados; Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego y Juan Afara.
Pese a la lirica de varios parlamentarios con el escándalo Mbappé, lo cierto y concreto es que desde hace casi 20 años en el Congreso Nacional “rebotan” diferentes iniciativas para intentar castigar todo tipo de discriminación.
Estos proyectos no prosperan debido a campañas de desinformación y una fuerte resistencia política y conservadora. Los sectores que se oponen a dejar de ser el único país en la región que aún sigue sin tener una ley antidiscriminación argumentan que el texto podría utilizarse para promover el aborto o el matrimonio igualitario, lo que ha llevado al estancamiento de todo debate.
Evidentemente la falta de un marco legal claro permite que sigan ocurriendo prácticas discriminatorias en varias partes del país, incluso desde instituciones estatales, en lugares públicos o privados que quedan en total impunidad.
