28 de octubre de 2026 – 22:41
Analistas y jefes policiales advirtieron en el espacio de debate que el narcotráfico penetró la política y el sistema financiero. Exigen presupuesto propio y trabajo conjunto para recuperar las calles.
En el marco de un nuevo encuentro de análisis del Desarrollo en Democracia (Dende), especialistas en seguridad e inteligencia trazaron un mapa sobre las amenazas que afectan al Paraguay. Durante el debate se subrayó que, si bien el país logró contener y aislar el fenómeno del terrorismo doméstico en el norte, hoy enfrenta un avance sin precedentes del crimen organizado transnacional y un esquema de inseguridad ciudadana alimentado por el microtráfico y la adicción en las zonas urbanas.
El análisis expuso que la mayor preocupación de la población paraguaya, en consonancia con la tendencia regional en América Latina, se divide entre la falta de empleo y el miedo constante a ser víctima de la delincuencia.
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Para los expertos, la gran diferencia radica en que mientras el grupo terrorista EPP buscaba golpear al Estado con fines ideológicos y fue arrinconado mediante la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el narcotráfico y las mafias internacionales como el PCC o el Comando Vermelho no pretenden destruir las instituciones, sino comprarlas mediante el dinero sucio.
Del terrorismo arrinconado a la infiltración de las mafias
El director de Antisecuestro de la Policía Nacional, comisario Nimio Cardozo, y el especialista en seguridad Carlos Capurro coincidieron en que el Paraguay pasó de ser un simple productor de marihuana a transformarse en un corredor estratégico para el tráfico internacional de cocaína.
Esta mutación permitió que los tentáculos del crimen organizado dejen las zonas boscosas para asentarse en pleno centro de las decisiones económicas y políticas, permeando empresas ganaderas, de transporte, financieras y cargos de elección popular.
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Cardozo explicó que la clave para neutralizar la amenaza del EPP fue diagnosticar el problema y aplicar una doctrina de trabajo coordinado entre policías, militares y fiscales bajo el mando del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
Sin embargo, alertó que al crimen organizado “no se lo vio venir” con la misma claridad, pues se disfrazó de empresariado exitoso y dinamizador económico, logrando corromper desde guardiacárceles y patrulleros de frontera hasta altos referentes de la administración pública.
Sustento financiero y el modelo de trabajo conjunto
Durante el debate se remarcó que, para frenar el poder de las bandas criminales, resulta urgente replicar el esquema de inteligencia y combate unificado que dio frutos en el norte del país.
No obstante, enfatizaron que la Policía por sí sola carece de la capacidad bélica para hacer frente a convoyes fuertemente armados, por lo que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo interno resulta constitucional y operativamente indispensable.
Un punto de profunda coincidencia fue la necesidad de construir un gran pacto social que garantice recursos financieros estables para la seguridad.
Se cuestionó que históricamente las fuerzas del orden hayan operado con presupuestos ahogados por el gasto rígido de salarios, dejando montos insignificantes para inversión tecnológica, patrulleras o armamento.
Tanto Cardozo como Capurro recalcaron que el CODI recién cuenta con presupuesto propio garantizado desde hace dos años, lo que demuestra la falta de previsión a largo plazo de los sucesivos gobiernos.
Hay que trabajar en la confianza ciudadana
En lo que respecta a la delincuencia común y al robo cotidiano que acosa a las familias en los barrios, los analistas señalaron al microtráfico como el principal detonante de la violencia urbana.
Frente al auge de adictos que delinquen para sostener el consumo, se planteó reestructurar el despliegue de las comisarías, adoptando el modelo de patrullaje por cuadrantes y de policía comunitaria para recuperar la cercanía con el vecino.
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Finalmente, los expositores hicieron un llamado a activar de forma real el Consejo Nacional de Seguridad para alinear la labor de la Policía, la Senad, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Sostuvieron que, sin una verdadera voluntad política para cortar la impunidad y sin una inversión seria en la prevención social, la sensación de inseguridad seguirá ganando las calles, comprometiendo de manera directa el desarrollo económico y el futuro democrático del Paraguay.