La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso la suspensión y modificación de cuatro licitaciones impulsadas por la ANDE que suman más de US$ 300 millones, tras admitir protestas contra los pliegos de bases y condiciones. Las medidas fueron adoptadas entre marzo y abril de este año y afectan proyectos considerados clave para el fortalecimiento del sistema eléctrico.

En todos los casos, las impugnaciones fueron presentadas por la firma Servicio Integral de Electromecánica S.R.L. (S.I.D.E.), lo que activó el mecanismo previsto en la Ley N° 7021/2022. La normativa establece la suspensión automática de los procesos mientras se analizan las protestas, lo que deja en pausa llamados millonarios en distintas zonas del país.

Las resoluciones de la DNCP no solo frenaron procesos, sino que en algunos casos obligaron a la ANDE a modificar condiciones técnicas y financieras, generando incertidumbre en el sector.

Refuerzo del sistema eléctrico, el mayor proyecto en pausa

El proceso más relevante corresponde al refuerzo del sistema eléctrico en las zonas Este y Sur, identificado como ID 470.139, cuya inversión asciende a US$ 114.997.472. Este proyecto contempla obras en niveles de tensión de 220 kV y 66 kV mediante un esquema de leasing operativo a 12 años.

La estructura financiera prevé pagos mensuales durante 144 meses, con opción de compra al final del contrato. Solo uno de los componentes, correspondiente a Villa Oliva, implica cuotas cercanas a US$ 316.601 mensuales y un valor residual de US$ 3 millones, lo que refleja la magnitud del compromiso económico.

La apertura de ofertas, que había sido reprogramada para el 15 de abril, quedó suspendida tras la protesta presentada el 6 de marzo, dejando el proceso en etapa de análisis.

Barcequillo, otro proceso detenido por impugnación

La subestación Barcequillo, identificada como ID 470.149, también fue alcanzada por una resolución de suspensión. Este proyecto prevé una inversión de US$ 26.008.000, igualmente bajo la modalidad de leasing operativo.

El esquema contempla pagos distribuidos en 144 cuotas mensuales de US$ 169.500, además de un valor residual de US$ 1.600.000. La DNCP ordenó detener el proceso tras admitir la protesta presentada el 5 de marzo, lo que dejó sin efecto el cronograma previsto.

El expediente permanece en etapa de sustanciación, mientras se evalúa si corresponde introducir cambios en el pliego antes de reactivar la licitación.

Autódromo: DNCP ordena corregir el pliego

En el caso de la subestación Autódromo, la DNCP avanzó un paso más al hacer lugar parcialmente a la protesta y ordenar modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones. El proyecto, identificado como ID 470167, tiene una inversión estimada de US$ 40.637.536.

El contrato prevé pagos mensuales de aproximadamente US$ 264.844 durante 12 años, además de un valor residual de US$ 2.500.000. Según la resolución, se detectaron aspectos que debían ajustarse en cuanto a exigencias técnicas, experiencia requerida y capacidad financiera de los oferentes.

Como consecuencia, la ANDE deberá reformular el pliego y publicar una adenda antes de fijar una nueva fecha para la apertura de ofertas, que inicialmente estaba prevista para marzo.

Zárate Isla, el proyecto más costoso bajo revisión

La licitación más onerosa corresponde a la subestación Zárate Isla, identificada como ID 470.147, con una inversión total de US$ 120.287.360. Este proyecto también fue objeto de una resolución que hizo lugar parcialmente a la protesta y ordenó ajustes en el pliego.

El esquema financiero contempla pagos mensuales de US$ 783.940 durante 144 meses, lo que suma más de US$ 112 millones en concepto de leasing, además de un valor residual de US$ 7.400.000.

La DNCP detectó inconsistencias en los requisitos técnicos y en los criterios exigidos a los oferentes, por lo que ordenó su corrección. Además, se aceptó una prórroga de 45 días para la presentación de ofertas, atendiendo a los reclamos sobre falta de información suficiente para elaborar propuestas.

Las cuatro licitaciones comparten un mismo escenario: procesos detenidos, pliegos cuestionados y obras estratégicas en pausa. En conjunto, representan más de US$ 300 millones en inversiones comprometidas a largo plazo, bajo contratos que se extienden por 12 años.

El desenlace dependerá de las resoluciones finales de la DNCP y de la capacidad de la ANDE para ajustar sus condiciones a las exigencias legales. Mientras tanto, el avance de proyectos para el sistema eléctrico nacional queda sujeto a revisiones administrativas y jurídicas.

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