La Fiscalía solicitó la incorporación de nuevos elementos probatorios surgidos después de la acusación, entre ellos una evaluación psicológica realizada a una adolescente y videos vinculados a una causa que involucra a Franco Acosta, dijo el fiscal Fermín Segovia.
Durante el juicio oral y público por el asesinato de María Fernanda Benítez, el fiscal Fermín Segovia explicó la postura del Ministerio Público respecto a los incidentes planteados durante la etapa previa al inicio de los alegatos finales.
El representante del Ministerio Público señaló que la Fiscalía solicitó la inclusión de nuevos elementos de prueba que surgieron con posterioridad a la acusación y que, por ese motivo, reúnen las características de hechos nuevos.
Entre las evidencias mencionó un informe de evaluación psicológica practicada a una adolescente en febrero de 2026, es decir, con posterioridad a la acusación presentada por el Ministerio Público tanto contra el adolescente como contra los adultos procesados.
Segovia indicó que, debido a esta circunstancia, la Fiscalía promovió la inclusión de dicho elemento probatorio y el Tribunal hizo lugar al pedido.
Asimismo, solicitó la incorporación de videos relacionados con una causa que se encuentra en la jurisdicción de Delitos Económicos de la Capital y que guarda relación con Franco Acosta. Según explicó, estos materiales también fueron obtenidos con posterioridad a la acusación, por lo que fueron considerados hechos nuevos. El Tribunal igualmente admitió su incorporación.
Acta del procedimiento en el lugar donde fue hallado el cuerpo
En cuanto al pedido de exclusión planteado por la defensa, el fiscal explicó que uno de los cuestionamientos se refiere a un acta correspondiente a la primera diligencia realizada en el lugar donde fue hallado el cuerpo de María Fernanda.
Segovia señaló que el documento fue elaborado en el baldío ubicado en las cercanías del domicilio del adolescente acusado, durante las primeras diligencias realizadas en el sitio.
En ese procedimiento participaron agentes policiales, los padres del adolescente y otros intervinientes, según detalló el representante del Ministerio Público.
Querella también pidió incorporar nuevas pruebas
Respecto a la presentación de la querella adhesiva, el fiscal indicó que la representación de la familia del acusado solicitó igualmente la incorporación del informe de evaluación psicológica y de los videos relacionados con Franco Acosta.
De esta manera, tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en solicitar la inclusión de estos elementos probatorios dentro del juicio.
Adolescente se expone a pena máxima de 8 años
Uno de los puntos centrales abordados por el fiscal fue el marco penal aplicable al adolescente procesado, considerando la reciente modificación legislativa que elevó la pena máxima para adolescentes infractores de la ley penal.
Segovia explicó que los hechos atribuidos al adolescente ocurrieron entre abril y mayo de 2025, cuando tenía 17 años, y que en ese momento se encontraba vigente un marco penal de 6 meses a 8 años para adolescentes.
Por este motivo, explicó que una eventual condena debe regirse por la legislación vigente al momento de la comisión de los hechos.
“Como máximo, la Fiscalía podría solicitar hasta 8 años porque era la ley que regía cuando él tenía 17 años y cuando ocurrieron los hechos”, explicó el fiscal.
En ese sentido, remarcó que la modificación posterior de la legislación, que elevó la pena máxima a 10 años, no puede aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad.
El fiscal fundamentó esta posición en el principio de irretroactividad de la ley penal, señalando que la nueva disposición rige para hechos futuros y no para situaciones ocurridas bajo la legislación anterior.
Penas solicitadas para los adultos acusados
En relación con los demás procesados, Segovia recordó que el Ministerio Público solicitó 10 años de pena para Micaela, 4 años para Franco Acosta, 4 años y 6 meses para el matrimonio conformado por Armando Silva y Karen Villar, y 3 años para Ricardo Villamayor.
El fiscal señaló que, en el caso del suegro y padre del mismo del acusado, la Fiscalía solicitó el máximo dentro del marco penal que consideró aplicable a sus respectivos hechos..
En cuanto a Micaela, la querella adhesiva solicitó una pena superior, de 15 años, al considerar que correspondía una sanción mayor. Sin embargo, el Ministerio Público mantuvo su pedido de 10 años.
Respecto a Franco Acosta, Segovia explicó que el marco penal aplicable contempla una pena de hasta 7 años y 6 meses, mientras que la Fiscalía solicitó una condena de 4 años.
El juicio oral continúa con el análisis de las distintas posiciones de las partes y los planteamientos formulados durante el proceso por el asesinato de María Fernanda Benítez.