El fiscal Christian Benítez solicitó la realización de una pericia contable en el Laboratorio Forense del Ministerio Público, sobre las documentaciones financieras, bancarias, tributarias y patrimoniales correspondientes a José Antonio González Maldonado, exdirector Jurídico del IPS, y su esposa Silvia María Casaccia Arias, en el marco de la investigación en curso sobre el mismo.
Para esta diligencia, el agente fiscal designó a una especialista técnica, quien tendrá la labor de llevar a cabo un análisis de los elementos que fueron incorporados en el marco de la pesquisa fiscal y también, de aquellos que vayan a ser agregados durante el trabajo pericial.
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La profesional de Laboratorio Forense del Ministerio Público también deberá realizar un análisis de la situación patrimonial de José’i González, ya que el mismo había sido denunciado por un supuesto acrecentamiento patrimonial desmedido. Las conclusiones que surjan de esta diligencia habilitarán a la fiscalía a tomar medidas, que podrían ser la imputación o un pedido de desestimación de la denuncia.
La referida pericia contable fue solicitada a fin de incorporar más datos a la investigación que se encuentra en curso, y que guarda relación con el acuerdo celebrado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y la firma Consorcio Hotelero Sudamericano SA.
Cabe señalar que, desde el 21 de abril pasado se inició una causa penal caratulada como “José Antonio González Maldonado s/ lesión de confianza y enriquecimiento ilícito”, en la que se investiga la presunta comisión de los hechos punibles citados y, en base a las sospechas existentes es que se solicita la pericia contable.
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Pasaron 5 meses y Contraloría no remitió aún documento sobre José’i González
La Fiscalía solicitó en mayo de 2026 un examen de correspondencia sobre los bienes de José’i González, y para contestar tenía un plazo perentorio de 10 días hábiles. Fenecido dicho plazo, solicitó una prórroga, la cual también venció.
El fiscal Christian Benítez reiteró el pedido a la Contraloría en tres ocasiones, sin embargo, no tuvo respuesta de la institución.
Es así que el pedido de pericia hecho por el agente fiscal no solamente se da para colectar mayores datos, sino también, porque la Contraloría General de la República (CGR) hasta la fecha no ha respondido al pedido de examen de correspondencia hecho en mayo con relación al patrimonio declarado por José’i González.
Fiscalía busca “traer a la luz” correspondencia de bienes de Jose’i González
De esta forma, la Fiscalía busca establecer si existe o no correspondencia entre los ingresos que fueron documentados, así como con los movimientos financieros registrados, sus egresos y la evolución patrimonial durante el periodo objeto de investigación, en este caso.
Igualmente se busca identificar las operaciones vinculadas a transferencias entre cuentas pertenecientes a una misma persona, con la finalidad de que esos fondos puedan ser considerados como nuevo ingreso o que se haya producido la duplicación financiera.
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Así también, la Fiscalía precisa establecer cómo estaba compuesto el patrimonio de la pareja González-Casaccia al inicio y al cierre del periodo que está bajo investigación, teniendo en cuenta los activos, obligaciones o pasivos que están ligados a los integrantes del matrimonio.
Con esta labor pericial, el fiscal solicita al perito que determine si tanto Jose’i González como Silvia Casaccia prestaron servicios en la función pública entre enero de 2017 y octubre de 2026 y que detalle los cargos ocupados por cada uno, las instituciones y el monto que percibían.
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De la misma forma, la Fiscalía pretende detallar los bienes inmuebles, vehículos y activos registrados a nombre de José’i González y Silvia Casaccia, el total de ingresos y el total de egresos registrados entre 2017 y 2026.
Por sobre todo, la Fiscalía solicitó analizar la operación correspondiente a los G. 412.500.000, percibida por José’i González, en concepto de honorarios profesionales que habría recibido como parte del acuerdo entre el IPS y el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, y determinar en este sentido, la fecha y cuenta de acreditación, movimientos hechos después vinculados con esos fondos y su destino.
Investigación al exdirector jurídico de IPS
José’i González es investigado por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito a raíz del cobro millonario botín de G. 412 millones en concepto de honorarios por el acuerdo extrajudicial, siendo incluso en ese momento director jurídico de IPS.
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En un intento por blanquear el ingreso, el abogado consignó dicha cifra en una declaración jurada presentada en 2025; sin embargo, tras destaparse el escándalo, se descubrió que en el litigio intervinieron múltiples profesionales del derecho y que el entonces director jurídico realizó una distribución discrecional y arbitraria del dinero, omitiendo deliberadamente detallar este reparto ante la Contraloría General de la República (CGR).
Acorralado por estos movimientos financieros bajo sospecha, sumados a un explosivo e injustificado crecimiento patrimonial que saltó a la vista pública, González Maldonado se vio obligado a presentar su renuncia al cargo en IPS.