Capasu y la Cámara Paraguaya de Controladores de Plagas plantearon la importancia de garantizar condiciones equitativas para los operadores habilitados y de preservar la calidad y seguridad de los servicios que reciben los consumidores.
La sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) a la Municipalidad de Asunción por establecer un régimen de exclusividad en la prestación de servicios de control de plagas marca un precedente relevante para la defensa de la libre competencia y el funcionamiento de los mercados. Así se destacó durante el panel “Cuando el regulador se convierte en monopolista”, desarrollado en el marco de la séptima edición del Día Nacional de la Competencia.Paul Grimm, directivo de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), participó del encuentro junto con Rolando Díaz, miembro del Directorio de la Conacom, y Arsenio Benítez, presidente de la Cámara Paraguaya de Controladores de Plagas.
La conversación abordó los efectos de la exclusividad municipal sobre las empresas habilitadas, los costos para los establecimientos comerciales y los límites de la intervención de los organismos públicos en los mercados.
Mediante una resolución, Conacom sancionó a la Municipalidad de Asunción con una multa de 429 salarios mínimos mensuales y estableció medidas correctivas para eliminar las restricciones a la prestación de estos servicios por parte de empresas privadas habilitadas por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). Entre ellas, dispuso la adecuación de la normativa municipal en un plazo de seis meses y el reconocimiento de los servicios prestados por operadores habilitados.
Calidad sanitaria y eficiencia en beneficio del consumidorDurante su intervención, Grimm señaló que el supermercadismo tiene un compromiso directo con la salud pública, ya que comercializa alimentos y debe responder a la confianza que los consumidores depositan en sus establecimientos. En ese sentido, destacó la importancia de contar con servicios de control de plagas eficientes y prestados por empresas que cumplan con los requisitos sanitarios correspondientes.
El directivo explicó que el régimen de exclusividad obligaba a los supermercados a afrontar una duplicación de gastos: por un lado, pagar por los servicios municipales y, por otro, contratar empresas privadas para garantizar un control adecuado y cumplir con sus propios estándares sanitarios.
“Nosotros vendemos alimentos y, en ese sentido, somos un elemento de la economía muy visible. Tenemos que estar a la altura de la confianza que ustedes (los consumdidores) tienen en nosotros”, expresó Grimm durante el panel.
El representante de Capasu sostuvo que las condiciones de competencia deben contribuir a una prestación más eficiente de los servicios, permitiendo que los establecimientos contraten a proveedores habilitados y puedan destinar sus recursos a garantizar la calidad y seguridad de sus operaciones.
Asimismo, contextualizó el potencial de desarrollo del sector supermercadista paraguayo. Según los datos que compartió, la penetración del supermercadismo formal en el país se sitúa en torno al 29%, frente al 82% que mencionó como referencia para Chile. La comparación, señaló, permite observar las oportunidades de expansión de la actividad y de fortalecimiento de la formalización comercial.
El sector también constituye una fuente relevante de empleo formal (alrededor de 30.000 puestos de trabajo directos en Paraguay) además de movilizar actividades vinculadas a su cadena de valor.
Por su parte, Arsenio Benítez relató las dificultades que enfrentaron las empresas de control de plagas, pese a contar con las habilitaciones correspondientes para prestar sus servicios. Explicó que la exclusividad municipal generó situaciones en las que los clientes cuestionaban la validez de los trabajos contratados a proveedores privados, con consecuencias para las relaciones comerciales y el desarrollo de la actividad.
Benítez destacó el papel de la Conacom en el tratamiento del caso y consideró que la resolución representa una oportunidad para otras empresas que puedan enfrentar restricciones injustificadas en sus respectivos mercados.
En el cierre del panel, Grimm defendió la apertura de los mercados y el papel de la iniciativa privada en la generación de empleo formal, la transparencia comercial y el desarrollo económico. También destacó la importancia de que las instituciones públicas y las empresas trabajen con reglas claras, en un entorno que favorezca la eficiencia y la confianza de los consumidores.
Capasu considera que la discusión sobre este caso debe contribuir a mejorar la prestación de los servicios y fortalecer las condiciones para que las empresas habilitadas puedan operar en igualdad de condiciones. La libre competencia, además de favorecer la eficiencia empresarial, permite ampliar las alternativas disponibles y promover mejores condiciones para los consumidores.