17 de junio de 2026 a la – 01:00
Los últimos contratos de la previsional con empresas tercerizadas de limpieza revelan un pago por trabajador de entre G. 5,6 y G. 9,5 millones mensuales. Sin embargo, los empleados denunciaron ante la DNCP que cobran menos del salario mínimo legal, además de supuestas irregularidades graves en el cuidado sanitario. Ante el reclamo, la institución solo se limitó a prometer la remisión del caso a la Dirección de Aporte Obrero Patronal.
En noviembre de 2024, bajo la gestión de Jorge Brítez y el gobierno de Santiago Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS) firmó el contrato de tercerización de limpieza por G. 126.971 millones (unos US$ 19,5 millones). La multimillonaria licitación benefició a cuatro firmas: Consorcio 2C (Martín Agustín Gadea), Consorcio C y C (Ladislao Rubén Afara), Consorcio Hospiclean (José Manuel González/Mariela Molas) y Mimbi SA (José Manuel González).
Sin embargo, detrás de las millonarias cifras oficiales se esconde una realidad de presunta explotación.
Dos denuncias formales ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan que el Consorcio Hospiclean estaría pagando salarios muy por debajo del mínimo legal vigente (G. 2.899.048). El contraste, sin embargo, muestra que esa misma firma fue adjudicada con el Lote 2 por G. 75.847 millones (el 60% del total de la licitación), justificando un costo de entre G. 8,9 y G. 9,5 millones mensuales por cada trabajador.
El detalle de los millones
El contrato 255/2024, firmado el 7 de noviembre de 2024 con el consorcio integrado por Mimbi SA y Consermar, detalla la cobertura en varias zonas del Hospital Central: Unidad de Terapia Intensiva, Emergencias, Quirófano Central, Nefrología, entre otras dependencias. En total, el requerimiento era de 445 limpiadores, concentrando el Hospital Central en si la mayor dotación con 297 trabajadores.
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Originalmente, el acuerdo fue pactado por 18 meses y debió expirar el pasado 7 de mayo. Sin embargo, la firma continúa prestando servicios a la previsional. No se conoce el detalle de esta ampliación de contrato del IPS, que actualmente está bajo la presidencia de Isaías Fretes.
La denuncia ante la DNCP es categórica y señala que la empresa supuestamente abona sueldos de “miseria” a sus trabajadores, pero declara montos muy superiores ante la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS para simular legalidad.
“El Consorcio Hospiclean, a sabiendas de que no abona el salario mínimo legal vigente a sus trabajadores (…) no presenta las documentaciones exigidas en las bases de la licitación para acreditar el cumplimiento del pago”, reza textualmente el documento.
El desglose de precios desnuda la brecha debido a que mantener a un solo limpiador en el Hospital Central le cuesta al IPS un promedio de G. 9.548.492 al mes. Si se contrasta solo con el salario mínimo legal (G. 2.899.048), existe una diferencia no explicada de G. 6.649.444 por cada empleado.
El servicio más caro pagado por IPS
Los precios de Hospiclean devoran el presupuesto y son, por lejos, los más caros del paquete. A modo de comparación, el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi (Lote 3) quedó a cargo del Consorcio 2C (representado por Santiago Agustín Gadea) por un monto de G. 930 millones mensuales para 120 operarios.
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Esto representa un costo (igualmente elevado) de G. 7.750.000 por mes por cada trabajador; es decir, casi dos millones de guaraníes menos por personal que lo facturado por Hospiclean.
Fiscalización “exprés”
El IPS remitió el lunes último a la DNCP su descargo oficial sobre las denuncias contra el Consorcio Hospiclean, las cuales no solo apuntan a la explotación laboral, sino también al presunto uso de químicos diluidos y reetiquetados, lo que arriesga la bioseguridad de pacientes en terapias y quirófanos.
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Lejos de tomar medidas drásticas, la previsional tuvo una tibia reacción y se limitó a informar que derivará los antecedentes a Aporte Obrero Patronal para “verificar”.
No obstante, más llamativa fue su respuesta sobre los insumos médicos porque el IPS afirmó haber realizado una inspección in situ en los depósitos de la firma, concluyendo que todo estaba en regla. Lo curioso es el factor tiempo debido a que este control estatal se ejecutó el lunes último, un día después de que se conociera la denuncia.