Jubilados de la Caja Bancaria se manifestaron este jueves 19 de noviembre frente a la sede de la previsional. Desde allí marcharon hasta la Fiscalía de Delitos Económicos. Su reclamo involucra G. 186.250 millones depositados en ueno bank. Con el banco en proceso de resolución, aún se desconoce cuánto podrá recuperar la Caja.
El abogado Osvaldo Ramón Aguiar Jara presentó la denuncia por presunta lesión de confianza. Los jubilados piden investigar al presidente de la Caja, Roberto Núñez, y a los miembros del Consejo de Administración. Aguiar y un grupo de manifestantes se reunieron con la fiscala a cargo. Según el abogado, la agente se comprometió a investigar los hechos.
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Durante la protesta, un participante reclamó explicaciones sobre los depósitos. La preocupación por el cobro también se escuchó frente a las autoridades.
“Y si no nos pagan, ¿qué vamos a hacer?”, preguntó uno de los jubilados.
Qué advertía el informe de la Caja Bancaria
Al 31 de agosto, la Caja tenía G. 458.000 millones en certificados de depósito de ahorro (CDA). De ese total, G. 186.250 millones estaban en ueno bank. El 41 % corresponde a la proporción de la cartera de certificados que la previsional concentró en ese banco.
El 10 de setiembre, la Gerencia General y el área de Riesgos remitieron el memorando RF N.º 22/2026 a la Presidencia de la Caja. El primer vencimiento de los certificados en ueno bank estaba previsto para octubre de 2027. El analista recomendó calcular cuánto costaría retirar el dinero antes de esa fecha.
La Ley N.º 7235/2023 establece que las entidades previsionales deben administrar sus fondos con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, en ese orden. Los jubilados cuestionan si, al mantener los depósitos, el Consejo dio más peso al rendimiento que a la seguridad del capital.
Qué explicaciones reclaman los jubilados
Los manifestantes quieren saber si el Consejo debatió la advertencia en sesión y qué decisión dejó asentada en actas. También preguntan si los directivos compararon el costo del retiro anticipado con el riesgo de mantener los certificados hasta su vencimiento.
Un participante afirmó que habían pedido retirar el dinero en varias oportunidades. Señaló que la calificación de riesgo citada en el informe era de abril y sostuvo que debían revisarla mensualmente. Otro manifestó su desconfianza hacia las autoridades y pidió que la Caja deposite sus recursos en bancos con calificación triple A.

Qué debe esclarecer la Fiscalía
Aguiar sostuvo que Núñez desatendió su denuncia. Para determinar si hubo lesión de confianza, la Fiscalía deberá precisar qué deber tenía cada directivo sobre los fondos. El artículo 192 del Código Penal exige establecer si su actuación u omisión causó un perjuicio patrimonial concreto. Tras la reunión, Aguiar no anunció imputaciones.
Por su parte, el Consejo autorizó el 11 de noviembre a Núñez a presentar una denuncia penal contra ueno bank y quienes resulten responsables. Esa medida busca recuperar el capital y los intereses. El reclamo de los jubilados se centra en cómo actuaron las autoridades de la Caja al recibir la alerta de setiembre.
