28 de mayo de 2026 a la – 07:02
El apoderado electoral del movimiento Frente Radical del Partido Liberal – que lidera el senador Éver Villalba – mencionó algunos cuestionamientos contra el proceso de alquiler de las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones internas partidarias de junio. Afirmó que una auditoría exigida en el pliego de bases no se hizo.
Ayer, miércoles, movimientos internos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) realizaron la primera de dos jornadas de verificaciones técnicas de las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones internas partidarias del próximo 7 de junio.
Esa revisión -que continuará hoy – se realiza a pedido de los movimientos internos de los partidos, que han expresado preocupación por posibles vulnerabilidades en los dispositivos.
El 7 de junio, el PLRA no solo elegirá a sus candidatos para las elecciones municipales de octubre, sino también a sus nuevas autoridades partidarias, y uno de los candidatos a la presidencia del Partido Liberal, el senador Éver Villalba – quien lidera el movimiento Frente Radical – ha sido uno de los actores políticos que más dudas han expresado sobre las máquinas.
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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Diego Garcete, apoderado electoral de Frente Radical, hizo eco de algunas “observaciones” de los técnicos de su movimiento y afirmó que, en una auditoría previa, realizada en febrero – con representantes de los partidos, pero no de sus movimientos internos – , solo se permitió a los técnicos un acceso limitado a las máquinas.
Ayer, los apoderados técnicos de los movimientos del PLRA asistieron a lo que Garcete describió como una “exhibición” de las máquinas y el proceso de votación.
Reclaman falta de auditoría
Garcete cuestionó aspectos del proceso de alquiler de las máquinas por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) al consorcio privado Comitia-MSA, entre ellos lo que señaló como la falta de realización de una auditoría prevista en el contrato de alquiler, para la cual se reserva un 4 por ciento del monto total del contrato, equivalente a unos 1.500.000 dólares.
Opinó que, para preservar la confidencialidad del código fuente patentado de las máquinas, se debería haber contratado a una empresa auditora privada que certifique el código firmando un acuerdo de confidencialidad para garantizar la propiedad intelectual de la empresa.
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“Si la empresa tanto mezquina su código fuente, por qué no auditó por una empresa privada”, subrayó. “Si yo fuera una autoridad del TSJE y tengo un millón y medio de dólares (para una auditoría), le pediría a una empresa. Si tenía el presupuesto, ¿por qué no lo hice?. En el contrato está que se tenía que auditar y la auditoría no se hizo”.
“Si la ley de patentes me protege para no dar mi código, si tengo un millón y medio de dólares le llamo a una empresa certificadora, como hace cualquier banco, y me certifica y le hago firmar un contrato de confidencialidad sobre mi código fuente”, insistió. “El pliego de bases del alquiler exige la entrega del código fuente”.
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Agregó que, según técnicos, las placas de las máquinas tienen “un montón de entradas por las que se puede introducir, sacar o modificar información”, e insistió en la necesidad de que se conozcan detalles del código fuente para entender exactamente cómo las máquinas van a leer y transmitir los votos a los boletines de votación.
Garcete también advirtió contra “satanizar la búsqueda de transparencia”.