Miguel Ángel Insfrán Galeano, paraguayo, de 44 años, alias Tío Rico, es el principal acusado en el histórico caso A Ultranza, ejecutado el 22 de febrero de 2022 y que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral.
Tío Rico está preso en Paraguay desde el 19 de mayo de 2023, cuando vino extraditado de Brasil, donde fue capturado el 9 de febrero del mismo año.
Tras su llegada a nuestro país, quedó depositado en la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en Asunción, hasta que el 25 de mayo de 2023 fue llevado al penal militar de Viñas Cue, también en la capital del país.
El 27 de agosto de 2024, el supuesto narcotraficante pasó e al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú, donde permaneció hasta el 31 de octubre de 2025, cuando lo enviaron al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de la ciudad de Emboscada.
Sin embargo, estuvo menos de un mes en dicha prisión, ya que el 27 de noviembre de 2025 lo devolvieron a Minga Guazú, tras una polémica entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.
Desde su regreso a Minga Guazú, Tío Rico supuestamente recibió constantes amenazas de parte de miembros de la facción Primer Comando da Capital (PCC).
Los últimos incidentes reportados por Miguel Angel Insfrán
El 22 de marzo de 2026, por ejemplo, habría sido amenazado de muerte por Jesús Ariel Romero Galeano, de 32 años, uno de los líderes de ese grupo criminal, quien cumple múltiples condenas por homicidio, uno de ellos cometido ya incluso dentro de la cárcel.
“Ani nde vyro, cuando yo quiero te mato”, le dijo supuestamente Jesús Romero a Tío Rico luego de desafiarlo a que saliera de su celda.
Supuestamente, Jesús Romero avisó a Tío Rico que lo iba a matar “por pedido de la gente de afuera”.
El 11 de mayo pasado, Tío Rico sufrió supuestamente otro intento de ataque, cuando varios miembros del PCC atropellaron el sector donde está alojado el capo, pero no lo encontraron en su celda porque justo en ese momento estaba en otro sector participando de su juicio oral por medios telemáticos.
A raíz de ese incidente, el Ministerio de Justicia trasladó de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú a la de Emboscada no solo a Jesús Romero, sino a otros seis miembros de la cúpula del PCC en el sistema penitenciario paraguayo que también estarían involucrados en la misión de asesinar a Tío Rico.
Se trata de Raúl Vicente Leiva Piatti, de 32 años, y Walter Darío Ayala, de 33 años, los de mayor jerarquía en la estructura del PCC en prisión; Sergio Denis Arzamendia González, de 36 años, quien cumple condena por homicidio y que ya estuvo preso antes por narcotráfico; Derlis Ariel Ibarra, de 30 años, sentenciado por narcotráfico y considerado uno de los más revoltosos dentro del sistema penitenciario; José Luis Durán Bobadilla, de 32 años, un interno de perfil muy violento y condenado por el asesinato de un policía, y Wilson Jonás Cabrera Rojas, de 30 años, quien fue ingresado al sistema de máxima seguridad por encabezar motines en los otros penales en los que estuvo.
Otra medida que se tomó para proteger a Tío Rico fue la asignación de un agente penitenciario para que lo cuidara de manera exclusiva, durante las 24 horas del día.
Es decir, básicamente, Miguel Ángel Insfrán Galeano, quien está marcado para morir por el PCC, vive ahora con guardia permanente y completamente encerrado en su pabellón, que de por sí ya es luego el de máxima seguridad en la cárcel que en teoría es la más segura del país, junto con la de Emboscada.
¿Sebastián Marset, el contratante?
El jueves último, 28 de mayo, el abogado Federico Torres dio a entender en una entrevista en el programa A La Gran 730 de ABC que las amenazas contra su cliente Tío Rico podrían provenir de su antiguo socio, Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet, quien está preso en Estados Unidos.
El uruguayo Omelet y el paraguayo Tío Rico supuestamente comandaron entre 2019 y 2021 la estructura de narcotráfico y lavado de dinero más importante en la historia de nuestro país, que fue desbaratada en la operación A Ultranza.
Juntos, llegaron a ganar más de 18 millones de dólares por un solo cargamento que hicieron llegar a Europa desde Paraguay, según el Ministerio Público de nuestro país.
De hecho, en la reciente acusación que presentó la Fiscalía contra la mujer de Marset, Gianina García Troche, se revela que la pareja uruguaya llegó a amasar una fortuna de más de 200 millones de dólares desde que empezaron a operar en territorio paraguayo y que incluso ya estaban pensando en el retiro del narcotráfico para disfrutar de ese dinero.
Si es cierto que Marset fue el que contrató al PCC para matar a Tío Rico en la cárcel, eso quiere decir que efectivamente hubo un quiebre en el mando de la organización y que entonces todos tienen miedo de todos, principalmente por si alguno vaya a delatar al otro para obtener algún beneficio procesal.
Básicamente, en esta instancia en la que casi todos los “peces gordos” ya están encerrados, cada uno busca su propia conveniencia, ya que se sabe que el propio Marset también está negociando con la Fiscalía de Estados Unidos, que le exige información a cambio de una sentencia reducida.
Si muere Tío Rico, será un escándalo
El Ministerio de Justicia, que dice haber salvado de la muerte a Tío Rico al menos dos veces en los últimos dos meses en la cárcel de Minga Guazú, envió una nota al Tribunal de Sentencia que juzga actualmente al capo, presidido por María Luz Martínez e integrado Federico Rojas y Dina Marchuk Santacruz.
En el escrito, el Ministerio pide que “se disponga y autorice el traslado urgente de la ordene el traslado de la persona privada de libertad Miguel Ángel Insfrán Galeano al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, para repeler la amenaza detectada y salvaguardar de forma efectiva su vida, con el mismo nivel de seguridad”.
Según esa nota, entonces, el Ministerio de Justicia no es capaz de garantizar la vida de Tío Rico en Minga Guazú.
De hecho, el propio ministro, Rodrigo Nicora, reconoció públicamente que en Emboscada hay mayores capacidades que en Minga Guazú.
Sin embargo, si trasladan a Tío Rico a Emboscada, lo pondrían de nuevo con los jefes del PCC que ya intentaron matarlo en Minga Guazú, algo que sería también poco entendible.
Lo cierto y lo concreto es que el Ministerio de Justicia, que viene destacándose por encima de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, tiene la obligación de proteger no solo a Tío Rico, sino a todos los otros presos que estén en peligro.
Sin embargo, con todos estos antecedentes, si Tío Rico muere en prisión, eso sería tal vez el mayor escándalo en los últimos tiempos en el sistema penitenciario tan ponderado últimamente.