A tres años de asumir, Peña enfrenta una demanda eléctrica creciente que obliga a acelerar inversiones, reformar la ANDE y ordenar el mercado energético.
¿Qué cambió en la política energética durante los tres años de Peña?
Cuando Santiago Peña asumió la Presidencia de la República el 15 de agosto de 2023, Paraguay tenía una ventaja estructural difícil de discutir: una enorme capacidad de generación hidroeléctrica, sustentada principalmente en Itaipú y Yacyretá, frente a una demanda interna todavía muy inferior a la producción disponible. Tres años después, esa ventaja continúa, pero el escenario comenzó a cambiar con mayor velocidad.
El crecimiento del consumo eléctrico está modificando la ecuación. La demanda nacional aumentó 12,5% en 2025, hasta alcanzar 29.419 GWh, mientras que en el primer semestre de 2026 volvió a crecer 18,3% frente al mismo período del año anterior. En enero de este año, además, el sistema registró un récord histórico de demanda máxima de 5.752 MW.
El dato es relevante para evaluar los tres años de gestión porque la política energética de Peña pasó progresivamente de la administración de los excedentes hacia un problema diferente: cómo garantizar suficiente potencia, redes e infraestructura para acompañar el crecimiento económico y la llegada de industrias electrointensivas.
La propia ANDE sostiene que el aumento de la demanda refleja el dinamismo de la actividad económica y el crecimiento industrial. Pero ese crecimiento también expone las limitaciones de un sistema que durante décadas se benefició de una disponibilidad de energía muy superior al consumo interno.
¿Qué consiguió Peña con el nuevo escenario de Itaipú?
Uno de los principales hitos energéticos de los primeros años de gestión fue la negociación con Brasil sobre la tarifa de Itaipú, después de la entrada en una nueva etapa tras la revisión del Anexo C del Tratado.
En mayo de 2024, Paraguay y Brasil acordaron una tarifa de US$ 19,28 por kW/mes para el período 2024-2026. El acuerdo fue presentado por el Gobierno como una oportunidad para aumentar los ingresos derivados de Itaipú y financiar inversiones estratégicas. La estimación oficial apuntó a ingresos anuales de alrededor de US$ 1.250 millones para Paraguay, incluyendo royalties, compensación por cesión de energía, utilidades y otros conceptos.
Peña vinculó esos recursos con seis áreas prioritarias, entre ellas la infraestructura energética. En su primer informe de gestión ante el Congreso, el mandatario destacó que parte de los fondos adicionales permitirían financiar inversiones largamente postergadas.
El resultado también permitió aumentar el flujo de recursos de Itaipú durante los primeros dos años de administración. Entre agosto de 2023 y julio de 2025, la binacional desembolsó más de US$ 1.063 millones al Estado paraguayo y a la ANDE en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la estatal.
Sin embargo, el balance financiero no es lineal. El apoyo directo de Itaipú a la ANDE cayó de US$ 248 millones en 2023 a US$ 117 millones en 2024, según el balance de la binacional citado por ABC. Esto coloca sobre la propia empresa eléctrica una mayor presión para financiar sus inversiones y sostener la expansión de la infraestructura.
¿Por qué la demanda eléctrica se convirtió en el principal desafío de Peña?
El cambio más significativo durante estos tres años no está solamente en la cantidad de energía consumida, sino en la velocidad con que aumenta la demanda.
En 2025, el consumo nacional creció 12,5%, segundo mayor incremento de la última década según la ANDE. En los primeros seis meses de 2026, el crecimiento acumulado llegó a 18,3%. En junio, la demanda alcanzó 2.310.632 MWh, un aumento interanual de 11,8%.
A esto se suma el crecimiento de la demanda máxima. El récord de 5.752 MW registrado el 26 de enero de 2026 representó 816 MW más que el pico registrado en enero de 2025. La cifra muestra que el desafío no es solamente disponer de energía anual, sino contar con potencia suficiente en los momentos de mayor consumo.
La situación obliga a mirar más allá de Itaipú. Paraguay continúa teniendo una matriz prácticamente hidroeléctrica: en 2023, el 99,6% de la generación bruta correspondió a fuentes hidroeléctricas, según el balance del entonces Viceministerio de Minas y Energía.
El Gobierno comenzó a responder a esta dependencia mediante la diversificación. En mayo de 2026, Peña promulgó el Decreto N.º 6034, que reglamenta la Ley N.º 7599/2025 sobre generación eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales. La normativa establece condiciones para proyectos solares, eólicos, de biomasa, biogás y geotermia, además de mecanismos de autogeneración, cogeneración y generación distribuida.
La medida constituye uno de los cambios estructurales de los tres años de Gobierno: Paraguay comienza a construir un marco para que la generación eléctrica deje de depender casi exclusivamente de las grandes hidroeléctricas binacionales.
¿La ANDE quedó preparada para la nueva etapa energética?
La Administración Nacional de Electricidad es el punto donde convergen buena parte de los problemas acumulados y de los nuevos desafíos.
Durante los primeros años de Peña, la empresa avanzó en obras de transmisión y distribución y mantuvo como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura. Sin embargo, el crecimiento de la demanda está obligando a discutir cuestiones más profundas: financiamiento, tarifas, generación, pérdidas, inversiones y modelo de gestión.
El problema se hizo particularmente visible durante 2026, cuando el Gobierno decidió dejar sin efecto los Decretos N.º 5306 y 5307, de enero, y los Decretos N.º 5860 y 5861, de abril, vinculados a las denominadas industrias convergentes. La decisión estuvo relacionada con el debate sobre las condiciones de suministro eléctrico para grandes proyectos industriales.
El caso más emblemático fue Atome, que proyecta una inversión de US$ 665 millones en Paraguay para producir fertilizantes a partir de hidrógeno verde. La discusión sobre la tarifa eléctrica que debía aplicar la ANDE terminó convirtiéndose en un conflicto que involucró al Gobierno, la estatal y representantes empresariales.
La controversia también antecedió al cambio en la conducción de la ANDE. La salida de Félix Sosa y la designación de Miguel Báez Reyes marcaron un giro en una empresa que ahora debe responder simultáneamente a las necesidades del mercado interno y a las expectativas de grandes inversores.
El episodio dejó una lección institucional para la administración Peña: la atracción de capital electrointensivo requiere reglas previamente definidas y tarifas sostenibles, porque cada nuevo proyecto puede comprometer una parte significativa de la capacidad disponible del sistema.
¿Por qué Peña plantea ahora un Ministerio de Minas y Energía?
La creación de un Ministerio de Minas y Energía y de un ente regulador independiente aparece como una de las principales reformas institucionales que el Gobierno pretende impulsar al entrar en el cuarto año de mandato.
La propuesta busca separar funciones que actualmente están distribuidas entre diferentes instituciones. El Ministerio tendría a su cargo la definición de políticas públicas, mientras que el regulador establecería las reglas del mercado y supervisaría a los distintos actores. La ANDE, en tanto, mantendría su rol como empresa estatal del sector eléctrico.
La necesidad de esta reorganización se volvió más evidente con la aprobación y reglamentación de la Ley N.º 7599/2025, que abrió la puerta a una mayor participación privada en generación eléctrica. La propia ANDE señaló que la normativa permite avanzar hacia proyectos de generación, autogeneración, cogeneración e incluso exportación de energía.
El Gobierno ya había instalado la Mesa Energética Nacional en septiembre de 2024, con participación de la ANDE, Itaipú, Yacyretá, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. La agenda incluyó diversificación de la matriz, cambio climático, régimen de lluvias y provisión de energía.
Ahora, tres años después de asumir, Peña busca transformar esa coordinación institucional en una estructura permanente. La diferencia es significativa: el Gobierno ya no discute solamente cómo aprovechar la energía existente, sino cómo administrar un mercado eléctrico en expansión.
¿Qué implica la discusión tarifaria para el futuro de la ANDE?
El crecimiento de la demanda también reabrió una discusión que durante años fue políticamente sensible: la necesidad de que la tarifa eléctrica refleje de manera más adecuada los costos del sistema.
Un estudio elaborado para la ANDE por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), plantea una actualización gradual de la tarifa media desde US$ 49,2 por MWh hasta US$ 68,6 por MWh entre 2026 y 2030, lo que representa un incremento acumulado de aproximadamente 39,4%.
La propuesta debe ser leída dentro de una tensión mayor. La ANDE necesita recursos para financiar infraestructura, pero una suba significativa de las tarifas también afecta a hogares, comercios e industrias. Por eso, la discusión dejó de ser exclusivamente técnica y pasó a formar parte de la agenda económica del Gobierno.
El problema de fondo es quién financiará la expansión eléctrica que Paraguay necesita. Si el Estado asume todo el costo, aumenta la presión sobre las finanzas públicas y la capacidad de inversión de la ANDE. Si se traslada al usuario, puede afectar competitividad y consumo. Y si se busca capital privado, será indispensable contar con seguridad jurídica y reglas regulatorias previsibles.
¿Qué queda pendiente después de tres años de Gobierno?
El balance energético de los primeros tres años de Santiago Peña muestra avances importantes, pero también una transformación del problema.
El Gobierno consiguió un nuevo esquema económico para Itaipú, reglamentó la Ley N.º 7599, impulsó la diversificación de la matriz, creó mecanismos de coordinación interinstitucional y comenzó a discutir una reforma profunda del sector. Al mismo tiempo, la demanda eléctrica creció con una velocidad que obliga a acelerar las inversiones.
La propia experiencia de los proyectos electrointensivos demostró que el atractivo de Paraguay como destino de inversión ya no depende únicamente de tener electricidad barata y abundante. Los inversores necesitan saber cuánto costará la energía, quién fijará las tarifas, qué capacidad estará disponible y durante cuánto tiempo estarán vigentes las condiciones acordadas.
Ese es probablemente el principal desafío que Peña deja planteado al entrar en el cuarto año de mandato. La energía continúa siendo una de las mayores ventajas competitivas del Paraguay, pero mantenerla como tal requiere pasar de la administración de los excedentes a una política energética de largo plazo.
La discusión sobre el nuevo Ministerio, el ente regulador, las tarifas y la participación privada será, por tanto, una de las pruebas institucionales más importantes de la segunda mitad del mandato. El éxito de esa reforma determinará si la electricidad paraguaya puede acompañar la expansión industrial y tecnológica que el Gobierno pretende atraer o si el crecimiento de la demanda terminará convirtiendo la principal ventaja energética del país en una restricción para su desarrollo.
