El condenado por usura Ramón González Daher denunció ante el Juzgado de Ejecución haber recibido amenazas de muerte dentro del penal Martín Mendoza. Un desconocido que dijo ser el prófugo uruguayo Sebastián Marset realizó las amedrentaciones telefónicas. Por este motivo, la representación legal del interno solicitó formalmente su traslado preventivo a otro módulo o centro penitenciario. El hecho cobra relevancia por el perfil del condenado y los antecedentes del nombre invocado.
Las abogadas defensoras María Gloria Núñez López y Carolina González Aguilera presentaron la comunicación oficial ante la autoridad judicial. Según el escrito, el ataque verbal ocurrió durante la tarde del pasado 8 de agosto de 2026. La persona realizó cuatro llamadas dirigidas al teléfono celular de José García González, secretario del recluso.
Durante la tercera comunicación telefónica quedó grabado un mensaje de voz con directas advertencias dirigidas al interno. Posteriormente, en el cuarto contacto se produjo una conversación fluida en la cual el interlocutor se identificó como Sebastián Marset. En esa última llamada, la persona repitió textualmente las amedrentaciones vertidas previamente.
▶️ RAMÓN GONZÁLEZ DAHER DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE DE SEBASTIÁN MARSET | 🔴😯
👉Según un escrito presentado por la defensa de RGD, su secretario habría recibido cuatro llamadas y un mensaje de voz con advertencias de un supuesto atentado contra el usurero, tanto en el penal… pic.twitter.com/xM1Q4yrp5V
— DELPY 📱🎬 (@delpynews) August 12, 2026
Según la defensa, la amenaza aludió de forma específica a un eventual atentado contra su vida dentro del Penal de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”. Asimismo, el interlocutor advirtió sobre un posible ataque armado contra la residencia particular de González Daher ubicada en Luque. El conocimiento preciso sobre la ubicación del recluido encendió las alarmas de su entorno cercano.
La representación técnica aclaró que no busca confirmar la verdadera identidad de la persona que realizó las llamadas. Sin embargo, las abogadas remarcaron que la sola mención de ese nombre exige una pronta intervención del Ministerio Público. Por consiguiente, la fiscalía deberá investigar el origen de las comunicaciones para deslindar responsabilidades.
Ante esta situación, la defensa requirió el traslado inmediato del condenado hacia otro pabellón o reclusorio con menor nivel de riesgo. La solicitud busca resguardar la integridad física del recluso mientras avanzan las pesquisas correspondientes. La resolución final queda ahora en manos de las autoridades judiciales penitenciarias.
Fuente: PDS Digital