17 de abril de 2026 – 10:15
El TSJE requirió a la ANR un informe sobre los controles aplicados al intendente de Mayor Martínez, Ariel Arce, tras revelarse que habría pagado US$ 120.000 por documentos de una investigación fiscal en su contra.
El intendente colorado de Mayor Martínez, Roberto Ariel Arce Rotela, habría pagado US$ 120.000 por cuatro tomos de una investigación que la Fiscalía de Narcotráfico venía desarrollando en su contra, según investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
Ante este escenario, el director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, informó que la institución solicitó un informe al oficial de cumplimiento de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Enrique Dávalos, a fin de verificar si se aplicó la debida diligencia en este caso.
El funcionario del TSJE explicó que el requerimiento busca determinar si el partido aplicó los controles de debida diligencia sobre el origen de los fondos del candidato, proceso que, en caso de detectar sospechas, debe derivar en un reporte ante Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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TSJE y sus limitaciones sobre financiamiento político
Consultado sobre cómo el jefe comunal logró superar los filtros de financiamiento político, Ruiz Díaz explicó que el organismo electoral tiene limitaciones jurídicas.
Señaló que no cuentan con mecanismos para detectar irregularidades basándose únicamente en las declaraciones juradas de los candidatos durante la campaña. Refirió que recién en la etapa de rendición de cuentas posterior se puede tener un panorama más claro.
Además, recordó que el TSJE no está facultado para emitir reportes de operaciones sospechosas, lo que restringe su capacidad de acción preventiva.
Rol del oficial de cumplimiento y confidencialidad
Ruiz Díaz indicó que Enrique Dávalos debe informar si realizó la debida diligencia, que implica investigar el caso y determinar si existen elementos que justifiquen la situación.
“Si él dice que esto está justificado, nos dirá cómo se justifica y, caso contrario, nos dirá que tendrá que presentar ante Seprelad”, dijo.
No obstante, advirtió que el marco legal vigente protege la confidencialidad de estas actuaciones, por lo que el oficial de cumplimiento no está obligado a informar sobre sus procedimientos.
En ese contexto, cuestionó que dicha confidencialidad no debería prevalecer sobre el interés público en casos que podrían involucrar hechos punibles.
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Conflictos de interés dentro de los partidos
El funcionario también puso en duda la independencia de los oficiales de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas.
“En muchos casos podemos hablar de conflicto de interés entre el desempeño del oficial de cumplimiento y la organización política. Hay que recordar que el oficial de cumplimiento es un empleado de la organización política. Entonces, muchas veces es difícil que cumpla de manera cabal lo que le indica la ley, que es reportar”, cuestionó.
Ley de financiamiento, bajo cuestionamiento
Ruiz Díaz fue contundente al señalar que con la legislación actual es “imposible” evitar que candidatos utilicen dinero ilícito en sus campañas.
Indicó que, ante estas limitaciones, el TSJE depende en gran medida de publicaciones periodísticas para detectar posibles irregularidades.
“Necesitamos mejorar nuestra ley. El oficial de cumplimiento, como trabaja en un marco de confidencialidad absoluta, muchas veces, si quiere nos responde o no nos responde. Porque su obligación directa es entre su institución, que es a quien controla, y a Seprelad”, apuntó.
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Propuesta de reforma normativa
El director de Financiamiento Político adelantó que desde el TSJE se impulsa la unificación de las normativas vigentes sobre financiamiento político, que -reveló- actualmente suman cinco.
Apuntó que con ello buscan introducir ajustes de fondo y evitar lo que calificó como “soluciones parche” que generan confusión y debilitan los controles.