“Responder sin piedad incluso hasta causar la muerte”. Esa orden, que aparece en un documento oficial iraní al que accedió Amnistía Internacional, fue la que la República Islámica de Irán transmitió a las fuerzas de seguridad que en septiembre de 2022 salieron a las calles del país para aplastar unas protestas en las que se coreaba un bello lema de origen kurdo: “Mujer, vida, libertad”. El 16 de ese mes, una joven kurda de 22 años, Yina Mahsa Amini, había muerto en una comisaría por una paliza de la policía de la moralidad. Un castigo motivado, según se cree, por unos mechones de cabello que escapaban del velo que para las iraníes es obligatorio desde los siete años. Esa muerte tan brutal sacó a miles de iraníes a las calles.
La respuesta del régimen fue derramar de nuevo la sangre de los suyos en la represión de unas protestas en las que se cometieron “una oleada de atrocidades”, asegura Amnistía Internacional. Hasta tal punto que se perpetraron crímenes contra la humanidad, según denuncia un informe de la organización divulgado este miércoles, cuando se cumplen cuatro años de la muerte de Amini.
Arquitectos de la Atrocidad: la maquinaria estatal orquestó crímenes contra la humanidad en el levantamiento ”Mujer, Vida, Libertad” es el elocuente título de un documento de más de 1.000 páginas que acusa a la República Islámica de los crímenes de lesa humanidad de “asesinato, tortura, desaparición forzada, encarcelamiento, violación y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos”, ha detallado este miércoles en una rueda de prensa en Londres Agnès Callamard, secretaria general de la organización. Todo con el objetivo de aplastar la revuelta a cualquier precio y con el aval de la cúpula del régimen, algunos de cuyos principales responsables siguen aún “en la cima del poder en Irán”, ha subrayado Callamard.
La ONG identifica a 87 altos funcionarios que recomienda que sean investigados por los crímenes en esa oleada de represión. Entre ellos, el anterior líder supremo, Ali Jameneí, al que Israel y Estados Unidos mataron el 28 de febrero, en el primero de unos bombardeos contra Irán que Amnistía califica también de “ilegales” y de los que advierte que podrían constituir crímenes de guerra. La lista incluye también, entre otros, al general Ahmad Vahidi, comandante de la Guardia Revolucionaria. Ese ejército paralelo e ideológico iraní, junto con la policía nacional, fueron los principales ejecutores de la represión, de acuerdo con los datos de la ONG de derechos humanos.
Las cifras de personas que murieron en las calles entre septiembre y diciembre de 2022, que ofrece el documento, corresponden a grandes rasgos con las que ya había determinado en 2024 la Misión Independiente de Investigación de Naciones Unidas. Esa misión calculó entonces que alrededor de 551 personas habían perecido por la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes. En su informe, Amnistía identifica con nombres y apellidos a 377 fallecidos, de los que 56 eran menores. La organización precisa, sin embargo, que hay al menos otros 93 muertos que probablemente perecieron a su vez por la represión.
“La situación se asemejaba a un campo de batalla. Nos perseguían agentes uniformados de la Guardia Revolucionaria armados con fusiles de asalto Kaláshnikov (…) disparando sin cesar”, relató a Amnistía una de las más de 300 personas entrevistadas para documentar su investigación. Entre ellas hay testigos presenciales, abogados, defensores de los derechos humanos, periodistas, personal sanitario y supervivientes de torturas y violencia sexual. La ONG ha examinado a su vez más de 2.000 vídeos, órdenes de detención y diversos documentos oficiales, públicos y filtrados a la organización.
La mayoría de esas 377 víctimas murieron por disparos con fuego real, incluso con ametralladoras pesadas de guerra, botes de gas lacrimógeno o perdigones de metal disparados a bocajarro. Minoo Majidi, un ama de casa de 62 años que murió el 20 de septiembre de 2022 en una manifestación en Kermanshah (oeste), recibió el impacto de 167 de esos balines metálicos de gran calibre.
Otros manifestantes murieron ejecutados a sangre fría. Ese fue el caso de Kobra Sheikheh, una iraní de 59 años que participó en una protesta en Azerbaiyán Occidental (noroeste), el 27 de octubre de 2022. Tras huir con otras personas de las ráfagas de disparos de las fuerzas de seguridad, y cuando ya estaba “delante de la puerta de su casa”, uno de los agentes se le acercó y le disparó en el cuello con un fusil de asalto, ha recordado en la rueda de prensa la investigadora de Amnistía Raha Bahreiní.
Otras víctimas, detalla el informe, fallecieron “bajo custodia, después de ser liberadas o en circunstancias sospechosas que apuntan a responsabilidad estatal”.
Muchos de los fallecidos eran jóvenes. El 9% tenía entre 18 y 19 años, mientras que otro 38% estaban aún en la veintena. La violencia tuvo a su vez un sesgo étnico y racial. Más de 200 del total de muertos eran kurdos y baluchís, cuando la población de esas dos minorías sumadas representa solo alrededor del 15% de iraníes.
“Los agentes disparaban a cualquiera que tuvieran a la vista, sin importarles si eran mujeres, niños, transeúntes o manifestantes. Rompían las ventanas disparando perdigones de metal contra ellas y luego lanzaban gas lacrimógeno al interior de las casas. Muchas personas resultaron heridas por los perdigones de metal que les impactaron en las piernas, el cuerpo, el pecho y la cara. Algunos resultaron gravemente heridos, con perdigones incrustados en el cráneo o cerca de los ojos”, relató a Amnistía Iman, que participó en las protestas en Teherán. Esas fuerzas “no mostraban piedad hacia nadie”, deploró este hombre.
Algunos manifestantes murieron desangrados en las calles, mientras las fuerzas de seguridad disparaban a quienes trataban de ayudarles o incluso a los sanitarios que pretendían dispensarles primeros auxilios.
Las víctimas que sobrevivieron a las lesiones quedaron ”con graves traumatismos físicos, entre ellos la pérdida permanente de la visión; heridas en la cabeza, la cara, el cuello y el torso; fracturas (…) lesiones traumáticas cerebrales y de la médula espinal (…)“, detalla Amnistía. Decenas de iraníes quedaron ciegos entonces de uno o ambos ojos.
Los cuerpos de seguridad iraníes no solo mataron. También sometieron a miles de personas a “detenciones arbitrarias, reclusión en régimen de incomunicación, desapariciones forzadas y torturas” físicas, psicológicas y sexuales. Al menos una decena de iraníes fueron ahorcados en relación con las protestas y, de ellos, al menos uno en público, colgado de una grúa.
Torturas
Entre los métodos habituales de tortura física que sufrieron los detenidos “figuraban las palizas con porras y cadenas”, las palizas, el aislamiento y las descargas eléctricas, así como las descargas eléctricas, la denegación de asistencia médica para las lesiones y la privación prolongada de comida y agua, entre otros tormentos. Varios detenidos afirmaron haber sido sometidos a ahogamientos simulados. También que les arrancaron las uñas o los suspendieron en el aire por el cuello en simulacros de ejecuciones.
Mientras se les obligaba a “escuchar los gritos de otros detenidos que estaban siendo torturados”, esos manifestantes encarcelados eran objeto de amenazas a sus familias, humillaciones e insultos como “puta” y “guarra” a las mujeres que se habían quitado el velo en protesta por la muerte de Amini. Las torturas se hacían extensivas a las familias de los fallecidos a quienes se forzó en muchos casos a que “aceptaran versiones falsas sobre las causas y circunstancias de la muerte de sus seres queridos”.
Casos como el de Nika Shahkarami, de 16 años, es paradigmático de lo que relata el informe. Cuando los familiares de esta adolescente recuperaron por fin su cuerpo en septiembre de 2022, después de permanecer diez días desaparecida tras participar en una protesta, solo les dejaron ver su rostro. Tenía los pómulos y la nariz rotos y le faltaban los dientes. La familia descubrió después que el cadáver de la joven había aparecido en un patio de luces de un edificio. Cuando su tía negó a la cadena BBC la versión oficial de que se había suicidado, fue detenida. En otro caso que cita el informe, cuando los allegados de un manifestante vieron su cadáver, le faltaban los ojos.
Amnistía ha documentado a su vez los casos de al menos 16 personas violadas, algunas de ellas de forma múltiple, después de ser detenidas en las protestas, no sin advertir de que pueden ser muchas más. Seis son mujeres, entre ellas una niña de 14 años; otros siete son hombres, incluidos dos chicos de 16 y 17 años. Cuatro mujeres y dos hombres fueron penetrados. Las mujeres por vía vaginal, anal y oral; los hombres, por vía anal. En ocasiones, con los órganos sexuales y, otras veces, con porras de madera y metal, botellas de cristal o mangueras. Las manifestantes denunciaron también haber sufrido “puñetazos o patadas en los pechos, los genitales o las nalgas” y otras torturas de tipo sexual.
“Negación y encubrimiento”
“Siguiendo los patrones de negación y encubrimiento existentes desde hace mucho tiempo”, precisa Amnistía, las autoridades iraníes reconocieron las muertes de solo 202 personas en las protestas de 2022. También “atribuyeron falsamente la mayoría de ellas a terroristas”. Así sucedió tras la muerte del niño de nueve años Kian Pirfalak, tiroteado por las fuerzas de seguridad en la localidad de Izeh, en el suroeste del país, mientras viajaba en coches con sus padres. Las autoridades iraníes atribuyeron su muerte a un ataque terrorista e incluso condenaron a muerte a un hombre que, según declaró la familia de Kian, no tenía nada que ver con la muerte del niño.
Por todo estos crímenes, Amnistía recomienda “remitir la situación en Irán a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional”, así como la creación de “un mecanismo de justicia penal internacional destinado a enjuiciar a los principales implicados en crímenes contra la humanidad cometidos en Irán”.
También insta a la Asamblea General de la ONU a crear un “mecanismo de justicia penal internacional” para combatir la impunidad que pesa sobre los responsables de la represión en Irán. La ONG considera que esa falta de rendición de cuentas culminó en otra oleada de represión aún “más mortífera”. Fue la que, en las protestas del pasado mes enero, acabó con la muerte de 7.000 iraníes, según la ONG de derechos humanos HRANA.