La crisis de Ueno Bank abrió un nuevo frente de presión sobre el Gobierno de Pedro Alliana. Gremios empresariales, industriales, comerciales y organizaciones de la sociedad civil exigieron una revisión integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, el recorte de gastos improductivos y la eliminación de privilegios. Advierten que el proyecto presupuestario ignora las consecuencias económicas del escándalo bancario y reclaman responsabilidades por las fallas de supervisión.
Los principales gremios de la producción, la industria, el comercio y los servicios dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, en la que plantearon una serie de exigencias económicas e institucionales ante las consecuencias de la crisis de Ueno Bank.
El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuestiona duramente el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional, y advierte que Paraguay atraviesa una situación que requiere decisiones inmediatas para recuperar la confianza económica, preservar el grado de inversión y garantizar la estabilidad institucional.
«Paraguay no tiene más margen de error», expresa la carta respaldada por numerosas organizaciones empresariales, entre ellas la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).
Los gremios sostienen que la recuperación del país exige instituciones independientes, rigor técnico y respeto irrestricto al Estado de derecho. También reclaman investigar las fallas de control y las eventuales complicidades de quienes tenían la responsabilidad de supervisar el sistema financiero.
«La falta de controles y la complicidad de quienes debían ejercerlos deben investigarse y sancionarse. La recuperación exige determinar responsabilidades, recuperar los recursos y corregir las fallas que permitieron este descalabro», señala el documento.
¿Por qué los gremios exigen reformular el PGN 2027?
Uno de los principales cuestionamientos apunta al proyecto presupuestario presentado para 2027, al considerar que fue elaborado sobre supuestos económicos que ya no responden a la realidad del país.
Según los firmantes, el documento contempla beneficios insostenibles, proyecciones de recaudación sin suficiente sustento y reducciones del déficit que califican como ficticias.
También cuestionan las condiciones previstas para determinadas emisiones de bonos en guaraníes destinadas a financiar gastos públicos, por su presunta incompatibilidad con la legislación vigente.
A estos problemas se suma, según los gremios, la postergación de reformas estructurales, especialmente la relacionada con el creciente déficit de la Caja Fiscal.
«No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido», advierten.
Las organizaciones consideran que mantener el proyecto sin modificaciones podría agravar los desequilibrios económicos y comprometer aún más las finanzas públicas.
Por ello, solicitan reformular el PGN 2027 con ingresos realistas, gastos financiables y respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, incluyendo el objetivo de convergencia hacia un déficit equivalente al 1,5 % del producto interno bruto (PIB).
¿Cuál es el impacto económico de la crisis de Ueno Bank señalado por los gremios?
La carta incorpora una evaluación de las consecuencias económicas y sociales de la crisis bancaria, que, según los firmantes, no fueron consideradas adecuadamente en la formulación presupuestaria.
Entre los principales efectos mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos y un perjuicio estimado para las arcas públicas de entre el 1,5 % y el 2 % del PIB.
Asimismo, señalan una caída del movimiento comercial, dificultades para pequeñas y medianas empresas y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, con riesgo de que esa cifra continúe aumentando.
Estas cifras corresponden a las estimaciones y afirmaciones expuestas por los gremios en su carta y no constituyen, por sí mismas, una cuantificación oficial verificada del impacto de la crisis.
El documento también advierte sobre el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana, situación que podría complicar el acceso del Estado a financiamiento.
Desde la perspectiva empresarial, estos factores obligan a revisar las previsiones fiscales y a establecer prioridades de gasto acordes con la nueva situación económica.
¿Qué privilegios y gastos públicos piden eliminar?
Los sectores firmantes reclaman una reducción inmediata del gasto corriente improductivo y la eliminación de privilegios corporativos dentro del aparato estatal.
Entre las partidas que consideran necesarias revisar y reducir se encuentran los gastos en pasajes y viáticos, servicios de catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
También cuestionan los aumentos salariales injustificados y plantean que los recursos públicos deben concentrarse prioritariamente en salud, seguridad ciudadana y educación pública.
En cuanto a los programas sociales y subsidios, exigen mecanismos que permitan identificar a los beneficiarios, justificar las asignaciones y demostrar resultados concretos.
El documento incluye además una propuesta para restringir la cobertura de las aproximadamente 10.000 vacancias anuales del sector público únicamente a áreas consideradas esenciales.
Otra de las exigencias es reducir las contrataciones realizadas fuera del régimen de la función pública cuando no respondan a necesidades indispensables.
Los gremios también solicitan revisar el régimen médico de doce horas semanales y los ajustes asociados, vinculando el gasto público con la atención efectiva prestada a la población.
¿Qué proponen para resarcir a los ahorristas afectados por Ueno Bank?
Una de las propuestas centrales está relacionada con la utilización de los bienes recuperados de los responsables de la crisis bancaria.
Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados y liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) a reparar los perjuicios sufridos por los ahorristas que no estén cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
La propuesta apunta específicamente a quienes confiaron en los informes del Banco Central del Paraguay (BCP) y cuyos recursos no cuenten con la protección del mecanismo de garantía.
Se trata de una propuesta de los gremios que requeriría los mecanismos legales correspondientes, no de una medida de compensación ya aprobada.
La iniciativa coloca nuevamente bajo cuestionamiento la responsabilidad institucional de los organismos encargados de la supervisión financiera y la necesidad de determinar cómo se produjeron las fallas que permitieron la crisis.
¿Qué otras reformas económicas e institucionales plantean?
Además de los recortes presupuestarios, la carta contiene propuestas para modificar aspectos de la administración pública y fortalecer los controles estatales.
Entre ellas figura la reforma inmediata de la Caja Fiscal, cuyo déficit, según sostienen, no puede continuar trasladándose a los contribuyentes.
También reclaman garantizar recursos presupuestarios al Consejo de Seguridad Social para que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones pueda cumplir sus obligaciones legales.
Otra propuesta apunta a transparentar los depósitos de fondos públicos mediante un registro establecido por ley y actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada entidad estatal, en qué banco, bajo qué modalidad y con qué plazos.
En materia de infraestructura, plantean optimizar la recaudación de peajes, con intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) dentro de sus competencias, y destinar los recursos al mantenimiento vial.
Asimismo, proponen integrar el área de Turismo como una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, mediante las modificaciones legales que correspondan.
El documento incorpora también medidas para promover la formalización económica, ampliar la base de aportantes y reforzar los controles contra el contrabando, con el objetivo de proteger la inversión nacional.
¿Qué responsabilidad asume el sector empresarial ante la crisis?
Los gremios no se limitan a exigir medidas al Gobierno. En la segunda parte de la carta presentan compromisos del sector privado para contribuir a la recuperación económica e institucional.
En primer lugar, ponen a disposición de las autoridades sus equipos técnicos para colaborar en la reformulación del presupuesto y en la elaboración de medidas destinadas a restablecer la confianza.
También plantean impulsar una agenda conjunta de atracción de inversiones productivas en sectores estratégicos, con énfasis en la generación de empleo formal.
Otro compromiso consiste en promover estándares más rigurosos de cumplimiento normativo, transparencia empresarial y buenas prácticas de gobierno corporativo.
Finalmente, se comprometen a ejercer veeduría ciudadana sobre la utilización de los recursos públicos y los procedimientos de contratación estatal, así como a denunciar las irregularidades que sean detectadas.
«La exigencia de integridad alcanza tanto al sector público como al privado. Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables», expresa el documento.
¿Qué mensaje envían los gremios al presidente Pedro Alliana?
La carta constituye un pronunciamiento del sector empresarial en medio de las consecuencias políticas, financieras y económicas de la crisis de Ueno Bank.
Su planteamiento central es que la recuperación de la confianza no puede limitarse a cambios de autoridades o declaraciones políticas, sino que debe traducirse en decisiones presupuestarias, controles independientes y determinación de responsabilidades.
Los firmantes advierten que las consecuencias de los controles deficientes y de las omisiones institucionales no deben continuar trasladándose a la ciudadanía, mientras permanecen intactos los privilegios dentro del Estado.
«Señor Presidente, recuperar la confianza exige decisiones verificables: un presupuesto realista, austeridad efectiva, controles independientes y sanciones sin privilegios», sostienen.
El pronunciamiento está respaldado por una amplia representación de organizaciones de distintos sectores económicos y cuenta, entre sus adherentes, con entidades vinculadas a la industria, el comercio, la producción agropecuaria, la construcción, los servicios y las finanzas.
Entre los representantes identificados en el documento figuran Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, e Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay.
El mensaje final resume la posición de los gremios frente al nuevo Gobierno y a la crisis institucional:
«El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro».
