El informe 2026 destaca avances judiciales en la protección de la crítica pública, pero alerta sobre acciones contra medios, hostigamiento digital, presiones vinculadas a la publicidad estatal y dificultades para la sostenibilidad del periodismo.
La libertad de prensa en Paraguay atravesó durante el último periodo un escenario de avances institucionales y persistentes tensiones, según el informe 2026 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El documento destaca decisiones judiciales relevantes para la protección de la crítica pública y el derecho a la información, pero advierte sobre la continuidad de acciones judiciales contra medios de comunicación, agresiones a periodistas, campañas de desinformación y denuncias de presiones económicas que podrían afectar la independencia editorial.
Entre los hechos analizados, el informe recoge decisiones judiciales relacionadas con publicaciones periodísticas, controversias sobre la permanencia de archivos digitales y actuaciones institucionales que reabrieron el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y el interés público.
También advierte sobre la necesidad de preservar condiciones que permitan a los medios investigar y fiscalizar asuntos de relevancia para la ciudadanía sin enfrentar mecanismos de presión indirecta.
Decisiones judiciales y protección de la crítica pública Uno de los avances destacados se produjo en abril, cuando un Tribunal de Apelación Penal anuló por unanimidad la condena que pesaba sobre la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano. Ambos habían sido condenados en 2022 por difamación, a raíz de publicaciones sobre la gestión de la exviceministra de Tributación Marta González Ayala en relación con el sistema informático Marangatú.
Otro episodio se registró en junio, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación en una causa vinculada a un pedido de hábeas data contra Última Hora.
El empresario Iván Pergher Brunetta buscaba que el medio modificara o eliminara de su sitio web una publicación de 2015 sobre un proceso judicial en su contra, en el que posteriormente obtuvo el sobreseimiento. El tribunal consideró que la pretensión buscaba establecer un “derecho al olvido” que no está reconocido en el ordenamiento jurídico paraguayo.
En septiembre, Editorial Azeta S.A., del Grupo ABC Color, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra resoluciones que ordenaron eliminar de sus plataformas digitales cuatro publicaciones periodísticas de 2013 a 2015. El caso se originó en una acción de hábeas data promovida por un empresario que alegó afectación a su honor y reputación. Al cierre del periodo analizado, la acción seguía pendiente de resolución.
Estos episodios reflejan una discusión de fondo para el periodismo: cómo resolver los conflictos entre el derecho al honor y la reputación y el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público, especialmente cuando se trata de publicaciones sobre asuntos institucionales y archivos periodísticos.
Preocupaciones por la presión judicial
En septiembre, el Senado aprobó una declaración sobre la demora de la Corte Suprema de Justicia en resolver una recusación en el caso Banco Atlas-Conmebol. Un posterior intento de reconsideración no prosperó por falta de quórum, en medio de cuestionamientos sobre posibles implicancias constitucionales.
El informe señala que organizaciones de prensa expresaron preocupación por las acciones judiciales contra Banco Atlas, perteneciente al Grupo Zuccolillo, ante la posibilidad de que constituyeran mecanismos de presión indirecta sobre el medio de comunicación.
En octubre, la Fiscalía solicitó desestimar una denuncia presentada por Banco Atlas contra la empresa tecnológica Itti por presunto sabotaje informático y tentativa de extorsión. Según el documento, el pedido se produjo pese a la existencia de un peritaje fiscal que identificó posibles irregularidades en el sistema informático del banco.
La SIP incorpora estos hechos dentro de su análisis del contexto de la libertad de prensa, en el que las actuaciones judiciales y sus posibles efectos sobre el trabajo periodístico forman parte de las preocupaciones señaladas por organizaciones del sector.
Desinformación y hostigamiento digital
Otra de las principales alertas del informe se relaciona con las investigaciones sobre una estructura digital denominada “Red Desinformante”, que habría operado para desacreditar a periodistas, medios y otras voces críticas.
Las publicaciones periodísticas citadas en el documento describieron el uso de redes sociales y publicidad digital para difundir contenidos contra comunicadores y medios, incluidos materiales falsos o manipulados y piezas generadas mediante inteligencia artificial. Las investigaciones también plantearon interrogantes sobre la posible utilización de recursos públicos para financiar estas actividades, una cuestión que motivó pedidos de información e indagaciones institucionales.
En julio, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció que Radio Cáritas 680 AM habría recibido presiones para retirar de sus redes sociales una publicación vinculada a las investigaciones sobre la denominada Red Desinformante. Según la denuncia, las presiones habrían incluido la amenaza de retirar pauta publicitaria estatal.
El informe también recoge cuestionamientos a declaraciones públicas de autoridades contra periodistas que realizaban investigaciones sobre asuntos de interés público. Estas situaciones, junto con las denuncias de hostigamiento digital, refuerzan la preocupación por las condiciones en las que se desarrolla el periodismo de investigación.
Agresiones y condiciones laborales
Las amenazas a la libertad de prensa no se limitaron al ámbito digital o judicial. Durante el periodo también se registraron agresiones físicas, amenazas y obstáculos al trabajo de periodistas durante coberturas.
En julio, el periodista jubilado de Última Hora Lorenzo Villalba denunció haber sido golpeado y esposado por agentes policiales mientras registraba con su teléfono el arresto de un sospechoso durante la cobertura de un incendio en una discoteca de Asunción. La Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio Público dispusieron una investigación por presunto abuso de autoridad.
En septiembre, el vehículo del periodista César Candia, corresponsal de SNT y C9N en Yasy Cañy y administrador del medio digital Noticias al Día, fue incendiado frente a su vivienda. El Sindicato de Periodistas del Paraguay reclamó una investigación y medidas de seguridad para el comunicador y su familia.
A estos hechos se suma la preocupación por las condiciones laborales del sector. En agosto, trabajadores de prensa nucleados en el SPP se movilizaron ante la negativa de varios medios a aplicar el reajuste salarial del 5% establecido en el contrato colectivo.
La sostenibilidad, otro desafío para la libertad de prensa
El informe advierte que la independencia periodística también depende de condiciones económicas que permitan a los medios desarrollar su trabajo sin quedar expuestos a presiones financieras. La crisis de los ingresos publicitarios tradicionales continúa afectando los salarios y el empleo, mientras persisten denuncias sobre el uso de la pauta estatal como posible herramienta de presión.
En su evaluación general, la SIP señala que la prensa paraguaya enfrenta desafíos vinculados al hostigamiento judicial, la violencia contra periodistas, la desinformación y las dificultades para garantizar la sostenibilidad de los medios. Frente a este escenario, plantea la importancia de fortalecer las garantías de acceso a la información pública, promover la transparencia en la distribución de la publicidad oficial y avanzar en mecanismos efectivos de protección para periodistas y trabajadores de prensa.
El documento concluye que la defensa de la libertad de prensa requiere instituciones activas, garantías efectivas y una sociedad comprometida con el derecho ciudadano a estar informado.
En ese marco, la protección de la crítica pública y de la labor de investigación periodística
aparece como una condición fundamental para la rendición de cuentas y el debate democrático.