Laura Fernández Delgado (Puntarenas, 1986) ha cumplido la prueba de los primeros cien días al frente del Gobierno de Costa Rica con tres circunstancias inéditas en el país centroamericano, hasta ahora considerado como un modelo de estabilidad en la región: la peor crisis de seguridad y violencia asociadas al narcotráfico, una fuerte hostilidad frente al Poder Judicial —donde le reprochan afanes autoritarios— y el poder innegable de Rodrigo Chaves, quien el 8 de mayo le entregó la banda presidencial a quien fuera su leal ministra de la Presidencia, cargo que hoy ocupa él.
Fernández, politóloga de 40 años y madre de una niña, atiende a EL PAÍS un mes después de que el fiscal general, Carlo Díaz, acusase al chavismo de intentar recortar los derechos ciudadanos. La mandataria, al contrario, mantiene la línea de Chaves de culpar al Poder Judicial de negligencia y corrupción.
La ofensiva contra el Poder Judicial, incluidos recortes presupuestarios que afectan sus operaciones, incluye la grave denuncia de “golpe de Estado”. Fue lo que denunció Fernández el 31 de julio tras una sentencia de la Sala Constitucional que restableció magistrados suplentes ante el rechazo del oficialismo de elegir entre los candidatos propuestos.
La mandataria matiza que se trató de un “golpe de Estado institucional” contra el Poder Legislativo. “Ocurre cuando un poder del Estado violenta arbitrariamente, sin ningún sustento jurídico ni constitucional, las competencias propias de otro poder de la República. Es una situación muy seria”, justifica la segunda mujer que gobierna el país centroamericano, tras la exmandataria Laura Chinchilla. A Fernández le gusta llamarse “presidente”.
Pregunta. ¿No afectan sus constantes cuestionamientos contra el Poder Judicial la imagen de seguridad jurídica del país?
Respuesta. La respuesta clara y contundente es que no, porque me remito a los datos de estabilidad económica y del crecimiento económico. Lo que pone en jaque todo el modelo de desarrollo y el bienestar de la gente en Costa Rica es la escalada de la inseguridad. Yo estoy haciendo mi parte como presidente y como jefe de las fuerzas policiales de Costa Rica, con mano dura contra la corrupción en cuerpos policiales y muchos proyectos, pero es más difícil si el Poder Judicial no le da cuentas claras al pueblo de Costa Rica por impunidad, por la mora judicial y por criminales que deberían estar presos. Hay una inminente necesidad de modernizar y reformar al Poder Judicial de nuestro país para recuperar la justicia pronta y cumplida. Esa es mi causa.
P. ¿Deberían someterse los cargos de magistrados y jueces a elección popular?
R. Puede ser una buena sugerencia. Lo que sí he dicho antes es que no concibo que tengamos puestos vitalicios en ningún alto cargo de nuestro país, como ocurre con los magistrados. No pretendo atacar a una institución, ni afectar la institucionalidad, ni querer cerrar el Poder Judicial. Ojalá el Poder Judicial tuviera un ánimo mucho más constructivo… Hay un problema: la ineficiencia en estos cargos que se convirtieron en vitalicios y no podemos disimular que, sin ninguna duda, estos magistrados se acomodan a intereses políticos para garantizar su continuidad en el puesto.
P. ¿Está diciendo que los 22 magistrados de Costa Rica tienen una forma corrupta de mantenerse en el poder?
R. Sí. Lo que estoy diciendo es que tenemos un modelo que no tiene mecanismos de evaluación de la calidad de la persona que vamos a reelegir. Yo no estoy afirmando que los 22 magistrados de nuestro país llegaran a sus puestos por corrupción; estoy diciendo que el modelo de elección y de renovación es un modelo que tiene más huecos que filtros adecuados para garantizar que lleguen las personas idóneas.
P. El expresidente Rodrigo Chaves es fundador del movimiento que la tiene usted como presidenta de la República y tiene la particularidad de dos puestos muy importantes en el Gabinete: Hacienda y Presidencia, con su rol de jefe de gabinete, lo que le da mucho poder. ¿Estamos ante un gobierno bicéfalo?
R. La presidente de la República soy yo. Yo gané las elecciones con una amplísima mayoría, con las reglas del juego democrático de nuestro país, y lo hice apegada a la legalidad. Aquí no hay ningún gobierno bicéfalo. Lo que tengo a mi lado, gracias a Dios, es a un extraordinario economista que fue presidente de la República y que es además el fundador de este movimiento. Un extraordinario colega de equipo, ministro de Hacienda y de la Presidencia, un hombre que goza de mi entera confianza.
P. ¿Hasta dónde llega el poder del señor Chaves frente al suyo?
R. El poder de don Rodrigo Chaves llega hasta donde la ley, las normas, se lo permiten. Y el poder de Laura Fernández, presidente de la República, llega hasta donde las leyes y la Constitución me lo permiten. Porque a diferencia del Poder Judicial, yo sí respeto el principio de legalidad del país.
P. ¿Apoyaría usted una reforma constitucional para que el señor Chaves pueda optar por la reelección en el 2030?
R. Le diría que lo consideraría, por supuesto, si es algo que va a dar más democracia, más fuerza al soberano y más participación ciudadana. Si nosotros hubiésemos tenido esa posibilidad [reelección continua en 2026], sin lugar a duda, quien sería presidente de la República hoy sería Rodrigo Chaves y no yo, porque don Rodrigo terminó con un apoyo contundente del pueblo de Costa Rica.
P. ¿No es un problema para usted cuando su ministro de la Presidencia le dice ‘caballos’ u otros insultos a algunos críticos?
R. Sí, es un problema para mí, por supuesto que sí.
P. ¿Cómo lo atiende?
R. Lo he atendido en diferentes oportunidades. Ahora bien, es un problema para mí, pero no es un problema para mí, porque si yo supiera que él se expresa así con una mala intención, con mala fe o que su propósito no es en beneficio del pueblo de Costa Rica… Pero esa es su forma de ser y levanta la voz en nombre del pueblo de Costa Rica.
P. Pero usted es su jefa.
R. Sí, pero yo a don Rodrigo se lo paso por alto, por la simple razón de que la contribución que le hace al desarrollo nacional es muy grande. También le soy muy honesta: yo en el 99,9% de las ocasiones en las que don Rodrigo ha hecho alguna manifestación de esta naturaleza he estado de acuerdo por el fondo. Tal vez la forma no sea la mejor o puede ser sujeta a crítica, pero eso es otra cosa que usted debería plantearle a Don Rodrigo en la entrevista que le podemos pedir.
P. Sobre seguridad, que sigue siendo el principal problema del país, ¿por qué cambió el enfoque en relación con el gobierno de Chaves? Una de las primeras propuestas de él contra el narcotráfico fue legalizar la marihuana para arruinar el negocio de las bandas criminales y ahora su apuesta es una “guerra” con mano dura.
R. No creo que haya ningún cambio de enfoque, porque el gobierno pasado tuvo uno de mano dura contra la inseguridad, pero el crimen organizado se continúa recrudeciendo en el país y por eso hay que darle continuidad a esa mano dura. Dar continuidad al Cacco [cárcel de máxima seguridad inspirada en El Salvador], al C5 [un centro de control con tecnología], a las nuevas delegaciones policiales, a los operativos, todo lo que estamos haciendo. Lo de legalizar la marihuana, no es para mí una prioridad en este momento, estoy en mil cosas más.
P. ¿Va Costa Rica hacia un modelo tipo Bukele?
R. No hay aquí ninguna bukelización; nosotros lo que sí hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención del presidente Nayib Bukele, porque las personas privadas de libertad desde la cárcel [responsabilidad del Ejecutivo] continuaban liderando su negocio, haciendo estafas, ordenando sicariatos…
P. Un gran aliado del Gobierno, Estados Unidos, ha propuesto operaciones en tierra contra el narcotráfico, ¿es eso una posibilidad real en Costa Rica?
R. Bueno, nosotros ya tenemos operaciones en tierra contra el narcotráfico con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos bases de la DEA, tenemos a la gente del FBI trabajando con nosotros, nos dan asistencia técnica y nos ayudan con las extradiciones, no es solamente el patrullaje marítimo. Vería con muy buenos ojos si la Asamblea Legislativa lleva adelante un análisis para aprovechar mejor la persecución de objetivos comunes de crimen transnacional. Aquí están operando algunos líderes de cárteles de la droga de países vecinos, que también son un objetivo de inteligencia policial del gobierno de los Estados Unidos. Para ese tipo de casos, yo sí creo que valdría muchísimo la pena una revisión, sin violar nuestra soberanía nacional y sin poner en indefensión ninguno de los tratados internacionales, ni nuestra Constitución.