La Cámara de Diputados analizará un proyecto de ley que establece un sistema de trabajo penitenciario remunerado en Paraguay. La propuesta permitiría que las personas privadas de libertad reciban un salario mientras cumplen sus condenas. El documento figura como segundo punto del orden del día de la sesión ordinaria del martes 13 de octubre.

La iniciativa fue presentada por la diputada Alexandra Zena, de Cruzada Nacional. Propone crear un programa de trabajo penitenciario autogestionado, con actividades laborales voluntarias dentro de las cárceles. Su objetivo es facilitar ingresos lícitos a los internos mediante un régimen que también contempla obligaciones para empleadores y beneficios para empresas participantes.

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Uno de los aspectos centrales es la remuneración. El artículo 10 establece que los internos deberán recibir al menos el 70% del salario mínimo legal vigente. Con una referencia de G. 3.044.000, el monto mínimo propuesto asciende a G. 2.130.800 mensuales. Esta condición diferenciaría el régimen penitenciario del sistema laboral ordinario.

Trabajo penitenciario remunerado: salario y condiciones

El artículo 6 establece que la participación deberá ser voluntaria y prohíbe cualquier forma de explotación laboral. Ningún interno podría ser obligado a incorporarse al programa. La decisión de trabajar dependería de cada persona privada de libertad, conforme a las condiciones previstas en la iniciativa legislativa.

Además, el proyecto fija una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas semanales. También exige condiciones adecuadas de higiene y seguridad, junto con una remuneración acorde con las tareas realizadas. Las herramientas y los insumos necesarios deberán ser proporcionados por el Estado o las entidades contratantes.

Estas disposiciones buscan establecer reglas específicas para las actividades laborales dentro de los establecimientos penitenciarios. La propuesta diferencia el trabajo voluntario remunerado de cualquier actividad impuesta a los internos. Asimismo, contempla la participación de empleadores interesados en contratar mano de obra bajo este régimen.

¿Qué beneficios recibirían las empresas contratantes?

El proyecto contempla incentivos fiscales para las empresas que empleen personas privadas de libertad. Sin embargo, no establece montos específicos para esos beneficios tributarios. También propone otorgar certificados de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que podrían representar ventajas en determinados procesos de licitación y contratación estatal.

Por ahora, la aprobación de la iniciativa permanece incierta. La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros emitió el único dictamen mencionado en el reporte, recomendando su rechazo. Pese a esa posición, el proyecto figura en el orden del día de Diputados. Su tratamiento permitirá conocer la postura de los legisladores sobre el régimen laboral propuesto.

Fuente: ABC C.


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