El gremio califica de irracional la inclusión de académicos en la lista de cargos políticos electivos. Argumentan que sus funciones no integran la matriz salarial.
Rectores de universidades públicas calificaron de “irracional” el proyecto que elimina las bonificaciones salariales en el presupuesto del año 2026. Esta propuesta legislativa afectaría directamente a docentes, investigadores y decanos de diversas instituciones nacionales. Los representantes de las altas casas de estudio consideran que la medida carece de lógica institucional en el ámbito universitario paraguayo.
Los directivos universitarios mantuvieron una reunión clave con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Durante el encuentro, manifestaron su profunda preocupación por el alcance del expediente impulsado por el sector cartista. El gremio aclara que apoyan el espíritu de ahorro de la ley. Sin embargo, rechazan ser equiparados con los cargos de conducción política electivos.
La controversia surge porque el proyecto de ley incorpora a las universidades nacionales dentro del grupo de instituciones políticas. No obstante, los rectores explican que sus funciones son estrictamente académicas y de gestión técnica. Por esta razón, solicitan formalmente a los legisladores revisar los términos de la normativa. Buscan evitar un impacto económico negativo en la educación superior del país.
Rectores de universidades rechazan recorte de bonificaciones
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— Telefuturo (@Telefuturo) April 14, 2026
¿Por qué rechazan la quita de bonificaciones salariales?
Los referentes académicos argumentan que los cargos de rectores y decanos no pertenecen a la matriz salarial vigente. Clarito Rojas Marín, rector de la Universidad Nacional de Concepción, actuó como el principal vocero del gremio ante el Congreso. Él subrayó que estos puestos son de carácter docente. Además, recordó que son elegidos por sus propios pares en consejos directivos.
Rojas Marín enfatizó que estos profesionales no deben ser comparados con políticos de carrera tradicionales. Según el vocero, los directivos de universidades son merecedores de estas remuneraciones por su alta responsabilidad técnica. Al no estar equiparados en los marcos fiscales anteriores, el recorte resulta injusto. Su inclusión en el polémico proyecto de ley constituye un error de interpretación jurídica.
Origen de la iniciativa legislativa
El proyecto de ley fue impulsado originalmente por Basilio “Bachi” Núñez, actual presidente del Congreso Nacional. La propuesta surgió tras revelarse que el senador percibía beneficios mensuales que sumaban G. 21 millones extras. Su remuneración total alcanzaba los G. 63 millones mensuales desde el inicio del 2025. Este esquema de pagos también beneficiaba a diversos ministros del Poder Ejecutivo.
Ante esta situación, los rectores urgen a la Cámara de Diputados testar a las universidades de la lista. Insisten en que la naturaleza de su trabajo requiere un tratamiento diferenciado del resto del funcionariado estatal. El objetivo principal es preservar la estabilidad financiera de quienes lideran la enseñanza superior. No desean ser parte del ajuste aplicado a la clase política nacional.
Actualmente, la normativa ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores. El texto se encuentra bajo riguroso análisis en las diversas comisiones de la Cámara Baja paraguaya. La lista de cargos afectados es extensa y abarca a las principales autoridades del Estado. Los rectores esperan que el Congreso rectifique la inclusión de la academia antes de la sanción definitiva.
Cargos afectados según el proyecto remitido:
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Senadores, diputados, gobernadores e intendentes.
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Miembros de juntas departamentales y municipales.
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Presidente y Vicepresidente de la República.
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Ministros y viceministros del Poder Ejecutivo.
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Secretarios y subsecretarios de la Presidencia.
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Autoridades del Banco Central y entidades financieras oficiales.
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Procurador General y ministros de la Corte Suprema.
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Rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos de universidades nacionales.
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Miembros del Consejo de la Magistratura y el JEM.
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Fiscal General, Defensor General y Síndico General.
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Justicia Electoral, Defensoría del Pueblo y Contraloría General.
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Directivos de entidades descentralizadas, empresas públicas y mixtas.
Fuente: ABC Color